Diana Méndez
La mañana de este jueves, trabajadores burócratas de base iniciaron una protesta en el complejo gubernamental de Ciudad Administrativa, ubicado en Tlalixtac de Cabrera, tras la aprobación que hizo el Congreso del Estado, de anular de manera inmediata 1,344 plazas administrativas otorgadas entre 2016 y 2022 durante la administración de Gabino Cué Monteagudo y Salomón Jara Cruz.
De acuerdo con el dictamen, el incremento en la plantilla laboral de base durante el periodo 2013-2022 fue del 47.80%, lo que representó más de 4,000 nombramientos en menos de una década. Estas contrataciones, calificadas como desproporcionadas e irregulares, no se apegaban a los criterios establecidos en la política económica ni a la legislación financiera vigente, según una revisión realizada por la Secretaría de Administración.
El informe también señala que el pago de estas plazas ha generado un gasto significativo al presupuesto estatal, con una erogación superior a los 2 millones de pesos, además de los incrementos anuales derivados de ajustes salariales. Este impacto financiero, aseguran las autoridades, compromete la cobertura de programas sociales y acciones para combatir la pobreza, pilares del desarrollo estatal.
Los trabajadores afectados, por su parte, argumentan que la eliminación de estas plazas representa una violación a sus derechos laborales y una medida que afecta la estabilidad económica de sus familias. Por ello, decidieron tomar las instalaciones de Ciudad Administrativa como medida de presión, exigiendo diálogo con las autoridades y una revisión exhaustiva del decreto para buscar soluciones alternativas.
Hasta el momento, las actividades en el complejo gubernamental permanecen suspendidas. Este conflicto laboral pone en evidencia las tensiones entre las políticas de austeridad y los derechos adquiridos de los trabajadores, en un contexto de crisis financiera estatal.
