Los jaloneos y titubeos en las cámaras legislativas no pasarán a la historia ni siquiera como anécdotas. Lo que sí trascenderá es la reforma laboral, porque hace cambios de fondo que supuestamente corresponden tanto a las condiciones actuales de la economía como a la realidad del mercado de trabajo que, sin duda, son muy diferentes a los de mediados del siglo XX.
Había necesidad de cambiar la legislación porque la vigente no fue hecha para el modo de producción del siglo XXI (tomo prestada la expresión marxista), no ayuda a resolver los grandes problemas laborales de nuestro tiempo –desempleo, informalidad, ínfimos salarios– ni refleja la correlación de fuerzas que, en México y en el mundo, han virado hacia la derecha. Lo que está por verse es si la reforma laboral es la apropiada para el país, incluyendo a los trabajadores, o si simplemente amplía la brecha entre ellos y los patrones.
El artículo 123, primero, y la Ley Federal del Trabajo, después, fueron necesarios para dar sustento jurídico a la organización corporativa de los trabajadores, que a su vez, fue uno de los pilares, tal vez el más importante, de la conservación del poder por los herederos de la revolución y de la consolidación del sistema político. También lo fue para asegurar la estabilidad política a largo plazo, necesaria para industrializar al país, como en efecto se hizo en el siglo XX.
El pacto entre el gobierno y los líderes sindicales era claro y funcionó: éstos garantizaron la paz laboral a través de incentivos y represión, según el caso, y el poder político aseguró salarios y prestaciones aceptables por parte de los empresarios, también organizados corporativamente y también disciplinados en última instancia al presidente.
Para mantener la estabilidad política se impulsó el crecimiento económico, la generación masiva de empleos industriales y de los nacientes servicios, la dotación de alimentos accesibles gracias a la productividad del campo, que era también fuente de ingreso de divisas; programas educativos, de salud y seguridad social a largo plazo. La democracia –y en particular la sindical– era un estorbo y los gremios que la intentaron –ferrocarrileros, electricistas, maestros, telefonistas– fueron reprimidos.
El primer signo de agotamiento del sistema político ocurrió en 1968 y alcanzó un nivel alarmante en 1994 y los años posteriores hasta la alternancia en 2000. Era previsible que los panistas cambiaran el régimen político, pero en vez de ello se regodearon en los privilegios que reservaba para las élites y no tuvieron la experiencia ni la habilidad para manejar el sistema priista que estaba en agonía. Los grandes sindicatos dejaron de ser pilares de la estabilidad política para convertirse en fuerzas electorales y grupos de presión con una fuerte capacidad de chantaje.
La organización piramidal de las centrales sindicales permite a los dirigentes movilizar más o menos a voluntad a los agremiados y, con esta fuerza, presionar a los gobiernos federal y estatales, como lo ha hecho mejor que nadie Elba Esther Gordillo. El poder de chantaje ante los gobiernos acrecienta la capacidad de los líderes para movilizar a sus bases gracias a la férrea disciplina de las estructuras. Siguen la sabiduría socarrona del cacique Gonzalo N. Santos: “en San Luis creen que tengo mucha influencia en la capital, y en la capital creen que tengo mucha influencia en San Luis”.
Todos ganan con la extorsión, menos el país: los líderes adquieren poderes descomunales; los trabajadores obedientes conservan su empleo, mejoran sus salarios, prestaciones y hasta privilegios; los políticos cuentan con fuerzas electorales activas, eficaces y numerosas aunque muy costosas para el Estado.
En contraste, los desempleados, los miembros de sindicatos blancos, los trabajadores y pequeños patrones víctimas de la explotación de vivales, los 14 millones de trabajadores de la economía informal y el mercado callejero, carecen de toda protección y no veo cómo, al menos en el corto plazo, su situación mejorará con la nueva legislación laboral.
No se han difundido los términos exactos del nuevo texto de la Ley Federal del Trabajo, pero hasta donde se sabe, lo que hace es normar prácticas que ya existían, como la subcontratación de personal (outsourcing), el trabajo a tiempo parcial y otras prácticas que favorecen a los patrones: en esta etapa de la historia ellos son mucho más fuertes que los trabajadores.
Los defensores de la reforma laboral sostienen que repercutirá en la mayor creación de empleos, y eso es poco viable a menos que haya aumentos significativos en la inversión pública y privada, lo que entraña la recuperación de la capacidad rectora y promotora del Estado, una profunda reforma fiscal progresiva, la reconstrucción de la banca de desarrollo, la reglamentación de la banca privada y otras políticas de gran calado.
Lo que quizá pueda esperarse es que avance la formalización de la economía, si se aplican medidas como la cobertura universal de la seguridad social, pero hasta ahora la legislación laboral no se aplica en la economía informal, donde prevalecen condiciones inhumanas de explotación.
Tampoco es probable que la llamada democratización sindical afecte a los líderes más emblemáticos –Elba Esther Gordillo y Carlos Romero Deschamps– pues la reforma se limita a las relaciones de los trabajadores y sus sindicatos con las empresas privadas.
La reforma es irreversible y no pasará mucho tiempo para que veamos si es o no un factor de estímulo a la economía y el empleo.
