#JaimeGUERRERO
En medio del conflicto laboral que mantiene afectadas las actividades del Congreso de Oaxaca, trabajadores de contrato, nombramiento, honorarios y personal de confianza cuestionaron las demandas y medidas de presión de un grupo del sindicato de burócratas y exigieron transparentar las negociaciones sobre prestaciones y beneficios laborales.
Advirtieron que cualquier acuerdo que implique recursos públicos debe sujetarse a criterios de legalidad, transparencia y equidad, al señalar que mientras un sector sindicalizado presiona para obtener mejores condiciones, otros trabajadores del Poder Legislativo permanecen excluidos de incrementos, homologaciones y diversas prestaciones.
“¿Quién está defendiendo los derechos de quienes no contamos con una base?”, cuestionaron en un pronunciamiento dirigido a la opinión pública, autoridades legislativas y a la Presidencia de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).
Sostuvieron que no puede existir un Congreso que promueva justicia, igualdad y derechos hacia el exterior mientras internamente persistan, señalaron, “trabajadores de primera y de segunda”.
El posicionamiento ocurre en medio de las protestas de trabajadores sindicalizados del Congreso, quienes han recurrido a la suspensión de actividades y cierre de instalaciones para exigir respuesta a demandas laborales.
Entre los reclamos planteados durante el conflicto se encuentran prestaciones económicas, apoyos de canasta básica y transporte, además de otros beneficios contemplados dentro de sus negociaciones laborales.
Exigen conocer cuánto costarán las prestaciones
Los trabajadores no sindicalizados demandaron que la Jucopo y las áreas administrativas transparenten cuánto dinero está solicitando el grupo sindical, de dónde provendrán los recursos, qué conceptos pretenden incrementarse, quiénes serán beneficiados y cuál será el impacto para el presupuesto del Congreso.
También exigieron conocer los criterios mediante los cuales se determinarán esos beneficios y cuestionaron por qué determinadas prestaciones alcanzarían únicamente a un sector cuando dentro del Poder Legislativo trabajan personas bajo diferentes modalidades laborales.
“La transparencia no debe ser selectiva”, plantearon.
Recordaron que, además del personal de base, en el Congreso laboran trabajadores de contrato, nombramiento, honorarios, jefaturas, direcciones y otras áreas que diariamente participan en el funcionamiento del Poder Legislativo.
Según su pronunciamiento, ese sector históricamente ha enfrentado mayores dificultades para conseguir incrementos salariales, mejores condiciones laborales y acceso a prestaciones.
Piden revisar legalidad de suspensión
El grupo pidió además que las autoridades competentes determinen si la suspensión de actividades y la toma de las instalaciones cumplen con los requisitos previstos en la legislación laboral aplicable.
La Ley del Servicio Civil para los Empleados del Gobierno del Estado de Oaxaca contempla procedimientos y requisitos para la suspensión de labores por huelga, así como mecanismos para determinar su legalidad.
Los inconformes aclararon que no solicitan represión ni confrontación contra quienes participan en las protestas.
“Pedimos que se aplique la ley”, señalaron.
Plantearon que si la suspensión de actividades se encuentra dentro del marco jurídico debe respetarse el derecho de quienes participan, pero si existen acciones que exceden esos límites corresponderá a las autoridades determinar las responsabilidades procedentes.
También cuestionaron que las actividades de uno de los Poderes del Estado puedan quedar condicionadas por un conflicto laboral cuyos alcances económicos y beneficios, aseguran, no han sido explicados públicamente al conjunto de trabajadores.
Alertan por pago de quincena
El pronunciamiento también advierte preocupación por las consecuencias que la paralización pudiera generar para cientos de empleados que no participan en el conflicto, particularmente ante el pago de la quincena correspondiente al 15 de septiembre.
“Mientras unos trabajadores negocian mejores condiciones, otros seguimos cumpliendo con nuestras responsabilidades laborales y esperando durante años un incremento, una homologación o simplemente mejores condiciones de trabajo”, expresaron.
“También nosotros trabajamos. También nosotros tenemos necesidades. También nosotros tenemos derechos”, añadieron.
Por ello, hicieron un llamado a la Presidencia de la Jucopo, autoridades administrativas y representantes involucrados en las negociaciones para hacer públicos los acuerdos, cifras y consecuencias presupuestales.
“No queremos privilegios. Queremos igualdad”, resumieron.
Los trabajadores insistieron en que los recursos del Congreso no pertenecen a ningún grupo laboral en particular, sino que son recursos públicos, por lo que cualquier decisión que los comprometa debe responder a criterios institucionales y de equidad.
Aclararon finalmente que su pronunciamiento no pretende enfrentar a los trabajadores ni desconocer los derechos sindicales, sino impulsar una política laboral que considere a toda la plantilla.
“Presidenta de la Junta de Coordinación Política: también existimos. También trabajamos. También tenemos derechos. Y hoy queremos ser oídos”, concluyeron.
