Diana Mendez
Trabajadores sindicalizados afectados por el Decreto 24 manifestaron su respaldo a la protesta que mantienen trabajadoras y trabajadores del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Oaxaca, quienes continúan en paro de labores en demanda de respeto a sus derechos laborales y mejores condiciones dentro de la institución.
A través de un pronunciamiento de apoyo y solidaridad, los inconformes señalaron que el DIF atraviesa una grave crisis, derivada según expresaron del abuso de poder, negligencia y el uso patrimonial de los recursos públicos, situación que consideran preocupante debido a que la institución está destinada a atender a sectores vulnerables.
En el documento, los firmantes aseguraron tener conocimiento del maltrato laboral, precarización y hostigamiento que presuntamente enfrentan los trabajadores del DIF, destacando que la lucha no solo es por condiciones laborales dignas, sino también por la defensa de los derechos de niñas, niños y personas usuarias de los servicios.
Entre las principales exigencias se encuentra la destitución del jefe de Recursos Humanos, Jadiel López Coheto, a quien señalan por malos tratos y acoso laboral. Los manifestantes acusaron que, pese a la gravedad de las denuncias, las autoridades han mantenido una postura de omisión.
Asimismo, en el pronunciamiento se denunció la presunta destrucción de una alberca destinada a terapias y rehabilitación de usuarios del DIF, la cual habría sido rellenada con cemento, obligando a las personas usuarias a acudir a albercas privadas, hecho que calificaron como un posible conflicto de intereses y un desvío del sentido público de la institución.
También señalaron presuntas irregularidades en la asignación de contratos, acusando que se estarían retirando plazas para imponer esquemas de honorarios, mientras los contratos serían entregados a familiares de Tania Caballero Navarro, lo cual consideran una práctica de nepotismo.
En este contexto, los trabajadores destacaron que la presidenta honoraria del DIF Estatal Oaxaca y esposa del gobernador Salomón Jara Cruz, Irma Bolaños, no ha emitido postura pública ante la crisis, lo cual ha sido señalado por los inconformes como indiferencia ante una problemática que afecta tanto al personal como a la ciudadanía que depende de los servicios del organismo.
Finalmente, los firmantes reiteraron que el DIF “no es un negocio ni una herencia familiar”, sino una institución pública que debe garantizar la protección de la niñez, personas con discapacidad, adultos mayores y población vulnerable, por lo que exigieron atención inmediata a las demandas laborales y administrativas
