Diana Mendez
Los trabajadores afectados por el Decreto 24 fijaron su postura luego del anuncio del gobernador Salomón Jara Cruz sobre la reinstalación de burócratas cesados en diciembre pasado. Los afectados señalaron que la medida no responde a un acto de justicia, sino a lo que calificaron como una “maniobra política” ante la proximidad del proceso de revocación de mandato.
De acuerdo con su posicionamiento, el Decreto 24 vulneró de manera directa los derechos laborales de cientos de empleados del Estado, dejando en la indefensión a familias enteras y afectando incluso a personas con discapacidad, en edad de jubilación o con enfermedades crónicas. Acusaron que la supresión de plazas se realizó sin notificación ni audiencia, lo que calificaron como un acto arbitrario e ilegal.
Los trabajadores denunciaron que el anuncio de reinstalación no implica reparación del daño, pues no contempla el pago de salarios caídos, el reconocimiento de antigüedad, la restitución de prestaciones ni la cobertura de seguridad social. Además, acusaron al consejero jurídico del Gobierno del Estado, Geovany Vásquez Sagrero, de actuar con autoritarismo, desprecio a la legalidad e ineptitud en la aplicación de la ley, lo que —señalaron— ha generado un escenario adverso tanto para la base trabajadora como para la propia administración estatal.
En su declaración, los afectados también rechazaron la participación de lo que llamaron un “sindicato a modo”, y advirtieron que no aceptarán intermediarios ni condiciones impuestas en el proceso de reincorporación. “Vamos todos juntos por la reinstalación total, la reparación integral y el respeto irrestricto a los derechos laborales y humanos”, afirmaron.
Finalmente, los trabajadores convocaron a la unidad y subrayaron que la defensa de sus derechos no será negociable. “Ningún decreto ilegal nos doblegará. Con dignidad y resistencia venceremos la injusticia”, expresaron.
