Ante la falta de limitantes a la contratación de deuda estatal y municipal, el senador de Oaxaca, Benjamín Robles Montoya, presentó ante el pleno de la Cámara de Senadores, una iniciativa de reforma a la Ley de Coordinación Fiscal que fije topes y plazos al endeudamiento de estos órdenes de gobierno, para evitar que caigan en la inviabilidad financiera.
En la iniciativa presentada en la sesión senatorial del martes, Robles Montoya propuso reformar los artículos 2 y 9 de la Ley de Coordinación Fiscal, y adicionar las fracciones IV, V, VI Y VII al artículo 4 del Reglamento del Artículo 9º de la Ley de Coordinación Fiscal en Materia de Registro de Obligaciones y Empréstitos, en donde se privilegien los siguientes aspectos:
1. Incrementar el Fondo General de Participaciones del 20% al 22% de la Recaudación Federal Participable, de esta manera se inyectarán de mayores recursos a los Estados y deberá bajar la necesidad de endeudamientos.
2. Establecer el candado de que la suma general de todos los empréstitos que una entidad federativa garantice con recursos del Fondo General de Participaciones, no deberá ser superior al 50% de lo que haya recibido por el Fondo en el ejercicio fiscal inmediato anterior. De esta manera disminuimos el riesgo de comprometer la viabilidad financiera del Estado.
3. Establecer el candado de que la suma general de todos los empréstitos que una entidad federativa garantice con recursos propios no deberá ser superior al 75% de lo recaudado por dichos ingresos en el ejercicio fiscal inmediato anterior. De esta forma, disminuimos el impulso de crear más impuestos locales que perjudiquen a los contribuyentes y al igual que el punto anterior, disminuimos el riesgo de comprometer la viabilidad.
4. Establecer el candado de que sólo se permitirá que una entidad federativa contrate empréstitos con la Banca Comercial o recurra a instrumentos de bursatilización de deuda, cuando la Banca de Desarrollo no esté en condiciones de cubrir el monto del empréstito solicitado. De esta forma garantizamos que los recursos efectivamente se canalicen a construcción de infraestructura o formación bruta de capital fijo, al mismo tiempo que impulsamos el relanzamiento de la Banca de Desarrollo.
5. Establecer el candado de que los plazos de vencimiento de los empréstitos que contraten las entidades federativas no deberán ser superiores a 6 años. Así garantizaríamos que no se comprometa el futuro de las finanzas estatales y que las acciones de un gobernante en esta materia puedan ser motivo de escrutinio en los procesos electorales inmediatos a su gestión.
El senador oaxaqueño argumentó que: “De acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP), al cierre del segundo trimestre de 2012 el monto total de la deuda de las entidades federativas y municipios ascendía a la cantidad de 404 mil 409.5 millones de pesos. El crecimiento que este endeudamiento ha tenido a lo largo del actual sexenio en términos relativos es del 153%, y comparado con el que se tenía al inicio del sexenio de Vicente Fox es de 346%, en otras palabras el crecimiento de la deuda se ha desbordado a lo largo de los años”.
Y en términos de las garantías de los endeudamientos, dijo que la mayor presión está sobre las participaciones estatales; el 82% de todo el endeudamiento, más de 332 mil 550 millones de pesos, está garantizado con ellas”.
Agregó que otro 17% de lo que se adeuda, más de 67 mil 847 millones de pesos, está garantizado con ingresos propios, lo que obliga a los gobiernos estatales a crear, forzosamente, nuevas cargas impositivas de aplicación local, incrementar las cuotas de los impuestos, productos, aprovechamientos y demás instrumentos recaudatorios locales existentes, para poder cumplir con sus responsabilidades. Un caso concreto sería la tenencia vehicular.
Otro indicador que es sumamente preocupante, destacó, corresponde al plazo promedio de vencimiento de las obligaciones; en el año 2001 este era de 9.6 años, para el año 2006 había disminuido a 9.1 años, y para el último día de junio del presente 2012 correspondía a 14.9 años. De lo anterior se puede colegir e riesgo de que ciertas administraciones estatales recurran a un mayor endeudamiento, toda vez que la responsabilidad de pago recaería en los siguientes gobiernos.
La iniciativa de reforma se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, para su análisis.
