La crisis huachicoleraen Tlahuelilpan, Hidalgo, se perfilacomo el Ayotzinapa del gobierno actual; y nopor responsabilidad directa en la tragedia, sino porque reveló la ausencia por segundaocasión de una verdadera estrategia de seguridad.
Y de nueva cuenta, de manera oportunista, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos está distrayendolas primeras indagatorias al involucrar al ejército por noactuar contra el pueblo, cuando las fuerzas armadas tienen quejas por meterseen asuntos civiles. El ejército en Tlahuelilpan carecíade facultades legales para intervenir porque nose trataba de un asunto de seguridad nacional directa y en seguridad pública siempre acompañaa la autoridad civil.
Lo grave de la crisis de seguridad se localizó en la ausenciade las autoridades legalmente facultadas para atender el asunto: las policías municipales y estatal, la Policía Federal y la Gendarmería y la Secretaría federal de Seguridad y Protección Ciudadana.
La inacciónmilitar que asume la CNDH no existe en las leyes, lo que debería saber el presidente Luis Raúl González Pérez; existe negligencia. Pero las autoridades militares sólo pueden hacer lo que faculta de manera explícita la ley. Y en primer lugar debe concluirseuna investigación pericial de la Procuraduría/Fiscalía y sobre los resultados podría la CNDH determinar si hubo violaciónde derechos y garantías. Paradójicamente, los militares respetaronel derecho lopezobradorista de los habitantes de la zona pobre del país a paliar su pobreza con el robopor necesidad y ahora quieren culparlosde ¡proteger los derechos humanos!
Las autoridades quedaron pasmadasante el incidente, no activaron los protocolos de seguridad para situaciones de vandalismo delincuencial y tampoco movilizaron a policías de los tres niveles de gobierno ni a la PF ni a la Gendarmería. La zona de la fuga de gasolina fue tierra de nadie. La partida militar actuó con sensatezy ahora la CNDH quiere culparla de no haber reprimidoa las personas que danzaban alrededor de la fuga y se robabanel combustible.
Lo que sorprende es la ignoranciaoportunista de la CNDH: su queja o expediente abierto debió haber sido contralas autoridades de seguridad pública estatales y federales. Los militares colaboranen acciones de seguridad pública, no son la autoridad in situ. Las quejasen la CNDH contra presuntos abusos militares tienen que ver justamente con la acciónante ataques criminales, en persecución de delincuentes o en apoyos a policías.
En todo caso, el expediente abierto en la CNDH por la supuesta inacciónde los militares en la zona de la fuga de gasolina es sencillamente una trampapolítica que tiene que ver con el tiempo real del debatesobre la Guardia Nacional a la cual se opone ese organismo.
En términos políticos, el caso de Tlahuelilpan será el Ayotzinapadel gobierno del presidente López Obrador: la responsabilidadde los protocolos de seguridad en un incidente que duró cinco horas entre la fuga de gasolina y la explosión. Como en Ayotzinapa, el Estado nofue culpable, pero en el proceso de la crisis y su salida criminal hubo negligenciadel Estado. Paradójicamente en Ayotzinapa los militares carecíande facultades para intervenir y siguen siendo señalados como responsables directos. Y también de manera curiosa, el PRD lopezobradorista y Morena lopezobradorista aparecen como autoridades municipales directasen las dos crisis.
Los militares sítienen capacidad de fuerza, logística y movilización para atender casos de euforias sociales negativas, pero para aplicarlas necesitande protocolos y reglamentos. De esojustamente se trata en el debate del concepto de seguridad interioren el tema de la inseguridad y de la Guardia Nacional.
Al gobierno actual le falló todo: sensibilidad, operativos, previsión y sobre todo información de inteligenciasobre la configuración, accionar, dominio regional y capacidad de corrupción de los huachicoleroscomo cárteldel crimen organizado. El gobierno actual nopuede responsabilizar a gobiernos anteriores porque han tenido 50 días para poner en marcha un plan agresivode combate. El cierre de ductos fue una decisión errónea; al reabrirlos, las bandas huachicolerasmandaron su mensajede muerte.
La tragedia de Tlahuelilpan también evidencióque el debate sobre la inseguridad noradica en un Plan de Paz, sino que debe ir acompañado de una estrategia de combatea las bandas criminales. Y que la seguridad cometería el peorde sus errores si sigue subordinándose a contentillospolíticos radicales. Calderón y Peña Nieto se lanzaron contra los carteles, pero López Obrador se preocupa por la sociedad. Pero ninguno de los tres ha presentado una estrategia integral.
La fallaen la tragedia de Tlahuelilpan nofue de la partida militar, sino de la estrategia de seguridad del gobierno actual. La politización y socialización de la seguridad abandonaráa la sociedad en manos de sus propias pasiones y de las bandas criminales.
Política para dummies: La política, bien concebida y diseñada, es el camino para evitar las crisis; mal hecha, las potencia.
