El pasado 20 de julio, las crónicas de los medios apuntaban: “Elementos de la Secretaría de Marina Armada de México y de la Policía Federal abatieron a Felipe de Jesús “N” alias “El Ojos”, presunto líder del cártel de Tláhuac – Chalco, que controlaba la venta de droga en el oriente del Valle de México. La dependencia detalló que la acción se llevó a cabo por trabajos de inteligencia de campo y gabinete, por lo que se tuvo conocimiento de la ubicación de integrantes de grupos de narcomenudistas, quienes operaban y presuntamente se dedicaban a la extorsión, secuestros y homicidios, en inmediaciones de la delegación Tláhuac, Milpa Alta, Xochimilco e Iztapalapa. Como resultado del enfrentamiento ocho presuntos delincuentes murieron, entre ellos Felipe de Jesús “N”. En el lugar se encontraron diversas armas largas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas”.
De lo anterior se puede inferir, si nos basamos en la definición de lo que es un “CÁRTEL” que a la letra dice “Cartel o Cártel son los términos con los que se identifica a una organización ilícita o a un conjunto de organizaciones criminales que establecen acuerdos de autoprotección y reparto de territorios (plazas) para llevar a cabo sus actividades criminales, principalmente de narcotráfico, secuestro y extorsión”; podemos deducir que lo que operaba en Tláhuac era un cártel.
La precisión no es menor, porque el Jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera ha negado recurrentemente, ante el desbordado aumento de actos delincuenciales en la Ciudad de México, la existencia “cárteles” en el alguna vez transitable “México Distrito Federal”, en versión Chava Flores; negativa que sólo ha puesto en blanco y negro su ignorancia, irresponsabilidad y pretensión de “tapar el sol con un dedo”. En abril de 2016, mientras sembraba arbolitos aseguró “lo que nosotros no tenemos aquí es un asentamiento de cárteles”; el 23 de junio pasado, a menos de un mes de que saltara la “ópera prima” de Tláhuac, sobre el mismo tema dijo “no tengo información de que sean cárteles los que operan en la Ciudad de México”. Ya en el colmo, la noche de los hechos de Tláhuac, al ser entrevistado por Denisse Maerker y a pregunta expresa de que “si con lo ocurrido podía seguirse negando la existencia y operación de cárteles en la Ciudad de México”; Mancera fingió demencia y se puso a “echarle flores” al gobierno federal por su eficacia en el operativo.
Ya en el segundo acto de esta “puesta en escena”, comenzaron a conocerse detalles de cómo operaba tan “bonita familia bicéfala”; por lo que se ha dicho y está en “proceso” de documentarse el Delegado de Tláhuac, Rigoberto Salgado, postulado y militante distinguido de Morena, quien antes de ser delegado fue Secretario de Seguridad Pública en la misma demarcación, o “territorio”, operaba la red de protección a la organización del “Ojos”. Es del dominio general en la comunicación informal que su campaña para delegado fue financiada por el “cártel” que no es cártel según Mancera; se comenta y no será difícil comprobarlo que en la nómina delegacional se encuentra desde la pareja del “Ojos” hasta el conserje de la casa donde fue abatido; por supuesto Salgado ha negado tener cualquier vínculo con la organización criminal y agregó que él les mandaba muchos “oficios” al gobierno de Mancera denunciando irregularidades. Mañana 2 de agosto, se supone deberá comparecer ante la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa para abordar, (según Leonel Luna presidente de la Comisión) los temas de la delincuencia y el otorgamiento de contratos y hasta hoy no se sabe si ya y que declaró ante la PGJDF.
En este contexto, como suele suceder, las culpas y los deslindes comenzaron a repartirse; Héctor Serrano, flamante secretario de Movilidad y operador político de Mancera, en el colmo del cinismo aceptó que los mototaxis que operan por cientos en Tláhuac y otras delegaciones y que servían como “repartidores” de droga y “halcones” vigilantes del cártel del “Ojos”, no están contemplados en la ley y no serán regulados, para Ripley; en el mismo sentido Patricia Mercado entrevistada por Ciro Gómez Leyva, centró su alegato en la “atención” bridada a los oficios que mandaba el delegado, vinculó su ausencia desde septiembre pasado, en el Comité de Seguridad de la delegación con el aumento de acciones delictivas e insinuó la relación de don “Rigo” con el “ojos”. Ya en la politización total, Marti Batres ha emprendido una amplia cobertura de “su” delegado y Andrés Manuel, asumió los señalamientos, bastante evidentes de (por lo menos complicidades) de Salgado con el crimen organizado, como un intento de la Mafia del Poder para “atacar” a Morena.
De lo que está ocurriendo y para ponerlo en blanco y negro, les comparto algunos comentarios en las redes sociales: “El narco en Tláhuac es una realidad. Tan real como el uso político que se le da al problema” -Diego Enrique Osorno-; “¿Es un noticiero el lugar indicado para que la Secretaria de Gobierno cuestione a un delegado nexos con el crimen?” –Rodolfo Castellanos-; “27 de julio el día que la autoridades de la Ciudad de México se dieron cuenta que había moto taxis” –Calos Puig-; “Mancera ha estado ausente de lo que ocurre en la Ciudad de México, su apatía e indolencia han provocado que la delincuencia gobierne” –Gerardo López-; “Rigoberto no vio el cártel, Ruiz Esparza no vio omisiones en el socavón. Urge una partida presupuestal para lentes” –Julio Pátan-.
Por lo que se advierte, es evidente el uso político de la situación en Tláhuac. El gobierno de la Ciudad de México hace uso de la Secretaria de Gobierno para cuestionar los nexos del delegado con el crimen organizado; el Secretario de Movilidad hizo caso omiso de los moto taxis que durante años tuvieron libre circulación en la demarcación; el delegado apela a la ignorancia y en la nómina tiene a operadores del grupo delictivo.
En conclusión, Gobierno Central y delegacional tienen responsabilidad compartida en la expansión de esta organización criminal. ¿Quién ganará la lucha de las percepciones mediáticas?
¿Alguien puede asegurar que esto ya está decidido?
RAÚL CASTELLANOS HERNÁNDEZ / @rcastellanosh
