Para encauzar al gobierno mexicano sobre la ruta de un sistema democrático que promueva la participación y sea incluyente, el presidente de la Comisión Sur-Sureste del Senado de la República, Benjamín Robles Montoya, propuso reivindicar la dignidad de los pueblos y comunidades indígenas haciéndolos partícipes en la elaboración y ejecución de políticas públicas.
Precisó que en un acto de congruencia, el responsable de la ejecución de los planes y programas en materia de derechos indígenas tiene por consecuencia que representar a los pueblos originarios.
“¿Por qué considero que la CDI debe ser dirigida por una persona indígena? Pues porque es innegable el derecho que les corresponde a los pueblos y comunidades indígenas de encabezar y participar en las instituciones de gobierno encargadas de elaborar y ejecutar las políticas públicas destinadas, precisamente, a ellos”, fundamentó el congresista.
Este avance se logrará reformando el artículo 10 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), aseguró el senador oaxaqueño durante su intervención en el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, tras presentar este planteamiento como una iniciativa con proyecto de decreto.
De aprobarse esta modificación, a la letra diría: el Director General de la Comisión será designado y removido por el Presidente de la República, de quien dependerá directamente, debiendo reunir además de los requisitos previstos en el artículo 21 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, el de ser indígena.
“Quién mejor que ellos para formar alianzas entre sí, que les permita salir del rezago histórico en el que se encuentran e impulsar su desarrollo; respetando y salvaguardando sus lenguas, tradiciones y cosmovisión”, expuso Robles Montoya.
En este sentido, el congresista exhortó al gobierno federal a que mire, escuche y tome en cuenta a las y los mexicanos pertenecientes a las minorías y a los grupos vulnerables.
