“Tirar la toalla” significa en términos boxísticos el darse por perdido, el renunciar a continuar la pelea, el abandonar el combate. Es cuando el pugilista ya no puede más y se da por derrotado anticipadamente; cuando ya no tiene ánimos de seguir soportando los golpes de su adversario, en pocas palabras cuando la realidad le resulta adversa a sus pretensiones, cuando ya no quiere permanecer en el ring y es evidente su desgano para seguir luchando. Cuando le da la espalda al reto que le tocó enfrentar. Hago éste pequeño breviario deportivo, en razón de que en días pasados el gobernador electo, Gabino Cué, le solicitó a Ulises Ruiz a “no tirar la toalla” ante la serie de conflictos o problemas que le tocan enfrentar en los últimos meses de su administración y que son de su absoluta responsabilidad, y que ante la vista ciudadana da la apariencia de ya no quererlos resolver.
Inseguridad, homicidios, conflictos agrarios, cierre de calles, vías intransitables, despidos masivos, auditorías que pretenden “justificar” los faltantes antes que detectar las irregularidades cometidas, defraudados por las cajas de ahorro, entre otras cosas más que hoy parecieran ser como una “papa caliente” que no se quiere tomar y que mejor se opta por pretender heredarlos al próximo gobierno. Por eso hoy más que nunca la ciudadanía ve tan cerca, pero a la vez tan lejos, el que un nuevo gobierno asuma con responsabilidad y con tacto la serie de problemas que hoy no se quieren atender, ya como una forma de venganza por el voto de castigo del pasado 4 de julio, ya como estrategia política o ya como parte de una realidad que cuesta mucho trabajo asumir.
Lo que vivimos el pasado martes es una clara muestra de ello. Dicho por los propios empresarios del ramo, el aumento a la tarifa del transporte había sido un acuerdo previo a las elecciones del 4 de julio; donde a cambio de “acarrear” a la gente a los actos del ex candidato del PRI y de no colocar propaganda alusiva a favor del hoy gobernador electo, Gabino Cué, se había “aprobado” un incremento al precio del pasaje. El caos vivido el pasado martes, fue una estrategia deliberada y planeada cuyo propósito fue hacerle creer a la ciudadanía el “sacrificio” del sector al aumentar en un peso y no en 2 pesos con cincuenta centavos la tarifa.
El gobierno cumple su compromiso con los transportistas, pero hace creer que defiende la postura del pueblo y por eso “obliga” a reducir el aumento a solo un peso y como “pilón” les obsequia la dispensa por diez años el pago de la tenencia. Uno se pregunta, de qué PRIvilegios goza el sector, para que sus unidades anden circulando sin cumplir con la tributación a la que todo ciudadano ordinario está obligado. No fuera uno, porque entonces en cualquier retén sería uno detenido y la unidad llevada a un corralón; es por eso que la gente se hartó de tanto arreglo por debajo de la mesa. Sería bueno que cuando paguen los cinco años de tenencia acordada, hicieran público tal obligación, nada más para ver que si fue en serio, ¿o no? Sin duda Gonzalo Ruiz Cerón operó magistralmente tal estrategia, que hoy aparentemente ha calmado el malestar ciudadano.
Otro tema que deliberadamente no se ha abordado, es el cierre de la calle de Flores Magón por parte de vendedores ambulantes. Lo que además de impedir el libre tránsito ciudadano, viene a darle una imagen no muy grata al corazón de la capital; pero que además ya tiene irritados a los comerciantes establecidos de la zona quienes a gritos piden una solución pronta a tal situación, ya que ellos, que si pagan sus contribuciones oportunamente son los más afectados. No hay diálogo, no hay acercamientos, no hay mesas de trabajo, no hay nada; por eso se cree firmemente que ya “tiraron la toalla”
Y qué decir del condenable asesinato (todo homicidio lo es) del líder sindical Tomás Matus. El que se viene a sumarse a los 26 registrados en el año 2009, a los ejecutados en contra de personajes vinculados al gobierno actual como Aristeo López, Alejandro Barrita y del Comandante Corro, entre otros; o el de decenas de mujeres asesinadas en el estado, o el de periodistas agredidos sin que hasta el día de hoy exista un solo responsable de tales acciones. No hay el menor deseo de impartir justicia, de enfrentar con seriedad las indagatorias correspondientes, de reducir el sello de impunidad con el que habrá de recordarse a la presente administración, sin duda una clara muestra de que ya han “tirado la toalla”.
