El ex dirigente del Partido Verde Arturo Escobar tuvo que renunciar anoche a la subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de Gobernación, después de que la Fepade solicitó a un juez una orden de aprehensión en su contra por violaciones a la ley electoral.
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales solicitó la aprehensión de Escobar, acusado de reparto ilegal de dádivas y contratar proveedores no autorizados en los comicios de 2015.
“He notificado a la Secretaría de Gobernación la decisión de separarme del cargo que venía desempeñando con el objetivo de facilitar el adecuado curso de las investigaciones”, informó el ex dirigente del PVEM.
Escobar está acusado en su calidad de dirigente del Verde por la entrega ilegal de 10 mil tarjetas Premia Platino durante la pasada campaña electoral.
El ilícito cometido está previsto en el artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, que castiga con entre 5 y 15 años de prisión a quien destine o reciba aportaciones de dinero o en especie a favor de algún precandidato, candidato o partido, cuando exista una prohibición legal para ello.
El pliego de consignación, al que tuvo acceso REFORMA, acredita que el 18 de febrero, Escobar contrató a la empresa Proyectos Juveniles por un monto de 2.3 millones de pesos para la elaboración y entrega indebida de las tarjetas de descuentos Premia Platino. Esto durante la precampaña y en su calidad de representante del Verde.
“La contratación (…) conllevó la entrega de material que representa un beneficio directo, inmediato y en dinero a sus destinatarios, y ello, a su vez, material propagandístico de la imagen del instituto político en mérito para la obtención del voto, a cambio de esa dádiva ilegal, y no por los ideales políticos del mismo.
“A través del contrato pretendieron legalizar y legitimar su proceder de manera artificiosa, por encima de la prohibición legal que les representaba el mismo; aún y cuando la aportación del dinero (…) proviene del financiamiento público otorgado al PVEM, se aplicaron a una actividad prohibida”, se afirma en el pliego de consignación.
La Fepade imputa a Escobar un segundo delito por la contratación de la empresa Proyectos Juveniles, pues no formaba parte del padrón de proveedores autorizado por el Instituto Nacional Electoral cuando se firmó el contrato.
Dicha empresa fue integrada 13 días después de firmado el contrato con el Verde.
En su artículo 7, la Ley General en Materia de Delitos Electorales castiga con 6 meses hasta 3 años de prisión a quien provea bienes y servicios a las campañas electorales sin encontrarse en el padrón del órgano electoral.
Del mismo pliego de consignación, la Fepade ejerció acción penal contra Luisa María Robles Ponce, apoderada legal de Proyectos Juveniles, empresa que, a su vez, contrató a Multiservicios de Excelencia para la distribución de las tarjetas.
Un Juzgado de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, cuenta con 10 días hábiles para girar o negar las órdenes de aprehensión solicitadas, o bien, devolver el expediente para su perfeccionamiento.
La averiguación previa número 618/2015 de la Fepade, relacionada con las tarjetas Premia Platino, tuvo su origen en una denuncia de hechos presentada en marzo de 2015 por el PAN y otra interpuesta en abril por el PRD.
