El Instituto Nacional Electoral (INE) tiene un plan B, en caso de que la Cámara de Diputados no le apruebe los 743 millones de pesos que pidió para la construcción de los nuevos edificios en su sede central.
Y es que el organismo electoral hizo un ‘cochinito’ de 719 millones de pesos, que la Cámara le asignó en el presupuesto de 2015 para proyectos de infraestructura, que no ejerció.
Entre estos planes estaba remodelar el edificio A, donde despachan los consejeros; construir un estacionamiento automatizado y edificar cinco nuevas sedes para juntas locales ejecutivas.
El contralor interno del INE, Gregorio Guerrero, cuestionó el gasto durante la sesión de la Comisión Temporal de Presupuesto, el 25 de agosto pasado, cuando se aprobó el anteproyecto presupuestal 2016.
“En relación a la infraestructura inmobiliaria pediría se hiciera una reconsideración o lo estudiaran. Cuál es el caso de pedir otra vez la misma cantidad del año pasado, si este año casi no se ha gastado nada de eso”, señaló Guerrero.
“Por lo que nos dicen nuestros técnicos en la Contraloría, expertos en obra pública, sería difícil gastarse mil 400 millones de pesos el año siguiente”, añadió.
Bogart Montiel, director de Administración del INE, reconoció en esa reunión que había recursos depositados en un fideicomiso, aunque alertó del riesgo de insolvencia a mitad de la obra, si no reciben nada en 2016.
“Una posición intermedia sería no solicitar los 743 millones, pero sí ir por algún monto a efecto de que no se detengan los trabajos.
“Si nos lo dan, hay un mecanismo de operarlo, con el compromiso de ir gastando en tiempo, y si no, sí habría un riesgo en que los 719 no alcancen y nos empujaría a buscar con mucho ahínco que sí lo entregaran en 2017”, puntualizó Montiel.
En 2010, el entonces Instituto Federal Electoral constituyó un fideicomiso para el Fondo de Modernización Inmobiliaria en el que depositó ahorros por 384 millones de pesos.
En su revisión a la cuenta pública de 2010, la Auditoría Superior de la Federación cuestionó la decisión.
“Existen irregularidades en la rendición de cuentas sobre el origen de los recursos del Fondo de Modernización Inmobiliaria; su constitución incumple con la normativa presupuestaria, y no se reintegraron los recursos no ejercidos al 31 de diciembre de 2010 por 348 millones de pesos, más los intereses generados”, señaló la ASF.
Pablo Gómez, representante perredista ante el INE, aseguró que aquel caso es igual al que se presenta ahora para la construcción de las dos torres del Instituto.
“El anterior fondo inmobiliario lo tuvieron que regresar, cuando era IFE, porque no tuvieron capacidad. No se lo gastan y no lo quieren regresar, pero van a tener responsabilidad allí porque la ley no los exime, tienen que devolver el dinero”, afirmó.
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