Mientras el Estado lopezobradorista reconstruye un regreso a la hegemonía económica pública que el neoliberalismo salinista destruyó, en seguridad se dan las circunstancias del Estado mínimo o Estado pasivo, una fase previa al dominio de los diferentes grupos delictivos.
En tanto que en la zona mexiquense de Texcaltitlán el Estado de seguridad interior replegó sus funciones en el modelo de gobernanza criminal y le cedió a los grupos delictivos la posibilidad de desarrollar sus actividades a condición de evitar la violencia contra la sociedad, en la zona capitalina de Coyoacán el Estado a nivel de alcaldía no existe para mantener el orden mínimo en beneficio de las mayorías y el lunes dejó que un grupo de 15 personas con agendas y exigencias válidas cerraran la vialidad de Miguel Ángel de Quevedo y Avenida Universidad de oriente a poniente y causaran estragos para cientos de miles de personas que fueron afectadas durante casi ocho horas en su libre circulación.
En ambos casos y en circunstancias diferentes, el Estado populista vigente de manera paradójica se ha convertido en un Estado neoliberal en materia de seguridad, incumpliendo sus funciones prioritarias de garantizar la estabilidad social ante organizaciones criminales armadas y ciudadanos abandonados en sus comunidades.
A Texcatitlán llegaron de manera tardía tropas de la Guardia Nacional y la novata gobernadora Delfina Gómez prometió un cuartel de este cuerpo de seguridad, pero el problema no es de presencia sino de inacción: la inseguridad y sus correlativas expresiones de violencia contra la sociedad son producto de la decisión del Estado de no confrontar a los grupos criminales para evitar saldos rojos que salpiquen las informaciones de los medios de comunicación, pero bajo el modelo de gobernanza criminal que implica que los grupos delictivos tendrían la autorización gubernamental para operar con sus actividades ilegales, aunque garantizando la no-violencia.
En Texcaltitlán, como en otras partes de la República, la inacción operativa de las autoridades de seguridad no ha derivado en mayores márgenes de disminución de la violencia criminal, porque las bandas delictivas han escalado las confrontaciones sangrientas en disputas territoriales con otros grupos. Como nunca, el país tiene un cuerpo de seguridad de más de 120,000 efectivos con capacidad de fuego y entrenamiento para combatir a las bandas delictivas, pero la estrategia de seguridad pasiva en el modelo de gobernanza criminal las convierte en fuerzas de seguridad inefectivas.
En la alcaldía de Coyoacán gobernada por los últimos rescoldos del PRD populista y de base sociales, ocurre lo mismo: la autoridad local ha sido rebasada por la movilización autónoma de grupos sociales que con impunidad minoritaria interrumpen la totalidad de algunas vías y afectan la dinámica social de quienes sí utilizan las calles para circular en funciones laborales y resultan afectadas por pequeños grupos que usan la violencia urbana para exigir soluciones que de todos modos la autoridad nunca les va a dar.
El incidente de lunes en la glorieta de Miguel Ángel de Quevedo y Avenida Universidad no fue nuevo y se ha convertido ya en un punto de conflicto para grupos de personas que exigen soluciones inmediatas a sus problemas en otras zonas de la alcaldía; la llegada de los granaderos –o el cuerpo de seguridad que opera como tal– fue tardía, en tanto que las autoridades de Coyoacán bajo el mando del alcalde Giovani Gutiérrez Aguilar se quedaron pasmadas en su capacidad operativa, atrasaron en desahogar dos carriles de la avenida y permitieron un desorden que duró hasta pasadas las nueve de la noche.
El modelo del Estado pasivo ante las protestas sociales fue impuesto por el PRD cardenista a partir de 1997 y la inacción de seguridad es un instrumento de la estrategia antidelictiva del Gobierno lopezobradorista, y ambos parten del falso criterio de que la autoridad quiere evitar violencia gubernamental que alimente la violencia irracional de respuesta de la sociedad porque al final se dan las condiciones de un vacío de poder del Estado y la imposición con violencia urbana y delictiva de grupos que han tomado el control de las autoridades gubernamentales, abandonando a la mayoría social que nada tiene que ver con los asuntos en disputa, que exige condiciones mínimas para la convivencia como núcleo social o la circulación en vías públicas y que aparece como víctima del en cumplimiento de las funciones del Estado.
El Estado pasivo o en inacción es el camino seguro al Estado fallido
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Política para dummies: la política es el brazo operativo del poder.
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