Senadores y diputados acordaron, a propuesta de todas las bancadas, realizar cambios sustanciales a la iniciativa de Morena que reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para evitar probables excesos en rubros como la política de seguridad y la figura de los delegados presidenciales.
En el proyecto de dictamen, que se aprobará esta tarde por la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, con el propósito de que mañana entre de primera lectura al pleno, se definió que la próxima secretaría de seguridad pública no puede ejercer también funciones de seguridad nacional y que ambos conceptos deben separarse.
Como parte de las conclusiones de la comisión se aceptó incluir las preocupaciones de los legisladores, respecto de la necesidad de separar claramente las funciones de seguridad pública de las de seguridad nacional, que deberán ser ejercidas con fundamento en porciones normativas diversas.
Así, precisó la comisión, se abona en la clarificación de los conceptos seguridad pública y nacional como cuestiones separadas.
En el proyecto de dictamen, la comisión avaló trasladar a la nueva secretaría de seguridad las funciones policiacas que ejerce Gobernación.
Para esta comisión, la seguridad pública es un tema prioritario en la agenda legislativa, por la única razón de que privilegiamos que la sociedad viva en armonía, sin el temor de que sus vidas y bienes se encuentran en riesgo por el embate de grupos delictivos organizados, situación que es reprobable e inadmisible.
Planteó que los problemas de inseguridad obligan al Congreso a aprobar nuevas medidas que contrarresten los efectos nocivos de la violencia, y una de éstas es la reforma a la ley orgánica, para perfeccionar las estructuras institucionales y ser más eficaces en el combate a la delincuencia y el narcotráfico.
La nueva secretaría tendrá a su cargo un centro nacional de inteligencia, que sustituirá al Centro de Investigación en Seguridad Nacional (Cisen). Con objeto de evitar que se convierta, como cuestionaron los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) en un instrumento de espionaje político, se añadió que sus funciones se ejercerán con visión democrática.
Asimismo, se acotó el control exclusivo que se pretendía dar a la Oficina de la Presidencia en la política de comunicación social, que deberá ejercer en coordinación con la Secretaría de Gobernación.
El documento pondera que si bien durante la discusión de la iniciativa, legisladores se manifestaron en contra de la asignación de atribuciones a la Oficina de la Presidencia en materia de comunicación social, se concluyó que esta decisión surge de una política anunciada por el presidente electo (Andrés Manuel López Obrador), que se considera indispensable para su gobierno.
Esto es, coordinar y diseñar las estrategias de comunicación política de todo el gobierno con una visión unificada que permita claridad en los mensajes que emita el gobierno y evite contradicciones.
No obstante, la decisión fue que para lograr ese objetivo es pertinente adecuar las competencias que se distribuirán entre la oficina de la Presidencia y la Secretaría de Gobernación, para que esa política se defina entre ambas oficinas.
La iniciativa propuso que la nueva figura de delegados estuviera a cargo de la Oficina de la Presidencia. Sin embargo, a petición del PRI, se aceptó que las delegaciones queden bajo el mando jerárquico de la secretaría del bienestar.
De esta manera, esa secretaría designará y coordinará a los delegados, para lo cual se constituirá una subsecretaría.
Fuente: jornada.com
