Por tercer día consecutivo, habitantes de comunidades de la Sierra Mixe-Zapoteca mantienen bloqueada la carretera Panamericana, a la altura del distribuidor vial El Caracol, en el Istmo de Tehuantepec, para exigir al Gobierno estatal y federal atención a sus demandas de servicios básicos, entre ellas el mantenimiento de la red eléctrica y la rehabilitación de los caminos que conectan a sus localidades.
Los pobladores señalaron que los constantes apagones y el deterioro de las vías de comunicación afectan las actividades cotidianas de las comunidades, además de representar un riesgo para quienes requieren trasladarse por motivos de salud o atender alguna emergencia.
A través de un pronunciamiento, las autoridades comunitarias lamentaron la falta de diálogo con los gobiernos estatal y federal, al asegurar que llevan meses solicitando atención a sus necesidades sin obtener una respuesta que permita resolver la problemática.
Sostuvieron que el bloqueo no responde a un capricho, sino a la falta de servicios e infraestructura dignos, por lo que advirtieron que mantendrán su movilización hasta conseguir compromisos concretos para atender sus demandas.
En medio de las protestas, se dio a conocer que la Fiscalía General de la República (FGR) citó al agente municipal de Santa María Nativitas Coatlán, Delfino Reyes González, para comparecer este miércoles 14 de octubre a las 12:30 horas en las oficinas de la subsede de Salina Cruz, Oaxaca.
De acuerdo con la información difundida, el citatorio corresponde a la carpeta de investigación FED/OAX/SC/0001941/2026, relacionada con una indagatoria por el presunto delito de ataques a las vías generales de comunicación.
La diligencia tiene como finalidad recabar la declaración del representante comunitario. El citatorio, por sí mismo, no implica una declaración de culpabilidad.
La actuación de la autoridad federal ocurre mientras continúan las afectaciones a la circulación en la región, derivadas del cierre carretero instalado por los habitantes para exigir solución a sus demandas.
Por otra parte, autoridades municipales de la región Mixe-Zapoteca denunciaron públicamente presuntas amenazas de operadores políticos del Gobierno de Oaxaca, quienes, según su versión, les habrían advertido sobre posibles órdenes de aprehensión si no retiran el plantón pacífico instalado desde el 12 de octubre en el punto conocido como El Caracol.
Las comunidades consideraron que estas acciones representan un intento de criminalizar la protesta social y advirtieron que no desistirán de su movimiento mientras no exista una respuesta efectiva a sus exigencias.
En su pronunciamiento, demandaron el cese de las presuntas amenazas, la instalación de una mesa de diálogo directamente en El Caracol y la intervención de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO).
Asimismo, responsabilizaron al Gobierno estatal de cualquier posible detención o agresión contra las autoridades comunitarias que suscribieron sus comunicados.
Los representantes de las localidades insistieron en que su movilización tiene como objetivo obtener servicios básicos y mejores condiciones de comunicación para sus pueblos. También reiteraron que permanecerán en resistencia hasta lograr atención a sus planteamientos.
Mientras tanto, el bloqueo carretero continúa en la zona de El Caracol, donde los habitantes mantienen la exigencia de que las autoridades de los tres niveles de gobierno establezcan una vía de solución a los problemas de suministro eléctrico y deterioro de los caminos.
