Diana Méndez
El Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas A.C. (Cedhapi) solicitó al Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) una Acción Urgente, así como a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la emisión de medidas cautelares, por la desaparición forzada del ingeniero civil Pablo Osorio Sánchez, originario de la ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca.
De acuerdo con la información recabada, Pablo Osorio Sánchez, de 26 años de edad, fue desaparecido el 23 de enero de 2026, aproximadamente a las 7:30 de la mañana, cuando se encontraba en una parada de camiones ubicada sobre la carretera Villa Fuente–Durango, en el municipio de La Concordia, estado de Sinaloa. En el mismo hecho, otras 13 personas fueron privadas de la libertad de manera simultánea en esa región, todas ellas trabajadoras de la empresa CICAR S.A. de C.V. y de la empresa minera canadiense Vizsla Silver Corp.
Pablo Osorio Sánchez es egresado del Instituto Tecnológico de Tlaxiaco y realizaba su residencia profesional en la empresa CICAR S.A. de C.V., con sede en el estado de Puebla. Como parte de sus actividades laborales, fue enviado en junio de 2025 al municipio de La Concordia, Sinaloa, ubicado a unos 40 minutos de Mazatlán, donde se desempeñaba como supervisor de túneles en el tramo del kilómetro 161 al 188 de la autopista Durango–Mazatlán.
Ante estos hechos, Cedhapi A.C. informó que solicitó a la CIDH la emisión de medidas cautelares para garantizar la protección de la vida y la integridad personal de Pablo Osorio Sánchez y de las demás personas desaparecidas, así como una Acción Urgente al Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, a fin de que el Estado mexicano cumpla con su obligación internacional de realizar una búsqueda inmediata y efectiva, además de brindar protección integral a las víctimas y a sus familias.
La organización también denunció presuntos actos de negligencia institucional y malos tratos hacia los familiares del joven ingeniero. Señaló que, tras conocerse la desaparición, los familiares acudieron a la Fiscalía de Tlaxiaco, Oaxaca, donde el personal se negó inicialmente a recibir la denuncia, obligándolos a esperar más de 24 horas para ser atendidos, pese a que la ley establece la obligación de recibir de inmediato cualquier reporte por desaparición forzada.
Asimismo, Cedhapi advirtió que en la Fiscalía General del Estado de Oaxaca son recurrentes los actos de revictimización y maltrato hacia familiares de personas desaparecidas, lo cual, afirmó, constituye una violación sistemática al derecho de acceso a la justicia y a los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.
Finalmente, los familiares de Pablo Osorio Sánchez, junto con el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas A.C., exigieron una investigación inmediata, exhaustiva y efectiva de la desaparición del ingeniero y de las otras 13 personas, su localización con vida, así como la intervención de la Fiscalía General de la República para atraer el caso y garantizar un proceso imparcial, eficaz y respetuoso de los derechos humanos, además del acceso a la verdad, la justicia y la reparación integral.
