* ”El Acuerdo de Escazú es el primer tratado sobre derechos humanos ambientales en la región, y marca una ruta en la futura gobernanza”, señaló el legislador perredista.
En Sesión Ordinaria de la LXIII Legislatura, el diputado local, Horacio Antonio Mendoza promovió un punto de acuerdo en el que exhortó al Ejecutivo Federal para firmar el “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe” (ESCAZÚ).
En tribuna, señaló que con el acuerdo de ESCAZÚ los principales beneficiarios son la población de América Latina y el Caribe, particularmente los grupos y comunidades más vulnerables.
“El objetivo de este tratado es garantizar el derecho de todas las personas a tener acceso a la información de manera oportuna y adecuada, a participar de manera significativa en las decisiones que afectan sus vidas, su entorno y a acceder a la justicia cuando estos derechos hayan sido vulnerados, en este tratado se reconocen los derechos de todas las personas, se proporcionan medidas para facilitar su ejercicio y se establecen mecanismos para llevarlos a efecto”, explicó.
Al respecto, el también Presidente de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, expuso que con la firma del Acuerdo, México contaría con un instrumento jurídico adicional para atender las problemáticas ambientales, como la deforestación, la degradación de los suelos, la pérdida de biodiversidad, la contaminación del agua y el despojo de territorios de los Pueblos y Comunidades Indígenas del país.
Por ello consideró, “la firma de este acuerdo es sumamente importante, porque podrá gestar una mejora en la legislación ambiental, toda vez que se podrían incluir mecanismos eficaces para que las y los ciudadanos, así como las organizaciones de la sociedad civil puedan tener acceso a la información en materia ambiental, cuando puedan ser afectados por proyectos de desarrollo, así como para que puedan ser involucrados en la toma de decisiones, y puedan presentar acciones legales para la protección y conservación ambiental, con especial atención en las personas y grupos vulnerables”, detalló.
Finalmente, Antonio Mendoza añadió que se trata de un acuerdo visionario y sin precedentes, alcanzado por y para América Latina y el Caribe, en el que se abordan aspectos fundamentales de la gestión y la protección ambiental desde una perspectiva regional, y se regulan los derechos de acceso a la información, la participación pública y la justicia en ámbitos tan importantes como el uso sostenible de los recursos naturales, la conservación de la diversidad biológica, la lucha contra la degradación de las tierras y el cambio climático y el aumento de la resiliencia ante los desastres.
