La impartición de una justicia elitista e ineficiente ha generado que las y los mexicanos desconfíen de las instituciones, aseguró el senador Benjamín Robles Montoya tras considerar como preocupante la manera en que el Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito absolviera a Raúl Salinas de Gortari por el delito de enriquecimiento ilícito.
“El tema reviste gran relevancia para las y los mexicanos, máxime en medio de una crisis de desconfianza y suspicacia que ahora, un órgano del Poder Judicial de la Federación ha resuelto que no hay nada ilegal en el desbordado e inexplicable enriquecimiento de un personaje que, hoy sabemos, es el dueño de más de 40 propiedades y posee cuentas bancarias millonarias en el extranjero, así como pasaportes falsos que hasta ahora no se ha aclarado para qué fueron utilizados”, expresó el legislador federal.
Esta desconfianza, reiteró el presidente de la Comisión Sur-Sureste, no es gratuita toda vez que tiene sustento en los niveles de corrupción e impunidad, en la colusión de servidores públicos con la delincuencia y en la opacidad de los mismos en el desempeño de sus funciones.
El congresista oaxaqueño reiteró que esta situación no es un asunto menor, pues una de las principales fortalezas de un Estado verdaderamente democrático es sin duda un sistema de justicia sólido y confiable.
Por ello ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Benjamín Robles presentó un punto de acuerdo, con pleno respeto al principio de división de poderes, con el que solicitó al Consejo de la Judicatura Federal un informe sobre las razones por las que no se ha designado a un Magistrado o Magistrada titular del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito.
También requirió a la Procuraduría General de la República (PGR) un informe detallado sobre la actuación del Ministerio Público en el procedimiento instaurado en contra de Raúl Salinas de Gortari por el delito de enriquecimiento ilícito, desde la averiguación previa hasta la resolución de la apelación.
Casos como este, destacó Robles Montoya, ponen en entredicho la honestidad de los servidores públicos; como el de la llamada Casa Blanca, propiedad de la familia presidencial y por supuesto, el enriquecimiento del hermano de un Presidente de la República.