El sacerdote Alejandro Solalinde Guerra acusó al gobierno de Felipe Calderón de querer callar las voces de los defensores de derechos humanos, luego de que fue citado a comparecer en calidad indiciado ante un agente del Ministerio Público Federal dependiente de la Procuraduría General de la República, acusado por los presuntos delitos de abandono de persona e infringir malos tratos a un migrante guatemalteco.
El clérigo fue escoltado por tres elementos federales que lo custodiaron desde su salida del albergue “Hermanos del Camino”, localizado en la región del Istmo de Tehuantepec, donde es benefactor, hasta la sede de la tercera agencia investigadora donde fue informado de la causa penal que se le instruyó.
Solalinde Guerra admitió que el proceso en su contra “es parte de una estrategia, una artimaña del Instituto Nacional de Migración bien armada por el gobierno federal para causar el desprestigio de quienes han alzado la voz para denunciar abusos y atrocidades”.
“A unos los han asesinado, a otros intimidado y al resto prefabricado delitos para asustarlos”, indicó al advertir que seguirá en su lucha por defender a quienes son pisoteados por ser diferentes.
Solalinde indicó que hay subordinación de la política migratoria a los intereses de Estados Unidos para señalar a los indocumentados como terroristas y criminales.
“Es una política de estado, que no vamos a tolerar y seguiremos denunciado aunque con ello nos quieran inventar mil delitos para citarnos a comparecer ante la justicia por acciones y delitos que somos incapaces de cometer.
De acuerdo con el expediente de investigación PGR/OAX(3) 220/2011, en poder de la mesa tres del agente del Ministerio Público federal Alfonso Jarquin Díaz, el sacerdote comparece en calidad de indiciado por haber presuntamente abandonado y ofrecido trato inhumanos contra el guatemalteco Juan Francisco Silvestre.
Según lo dicho por la víctima, el pasado 27 de septiembre pasado Solalinde lo abandonó a su suerte al notar que padecía de un mal congénito en los ojos.
Sin embrago y en su defensa, el sacerdote dijo que el migrante abandonó el refugio casa hogar ubicado en Oaxaca, cuando se le expreso que no se contaban con los recursos económicos para trasladarlo a sus destino.
“Por ello, éste ya no quiso nuestra ayuda y decidió irse por su lado, pero en Puebla fue donde lo detuvo el Instituto de Migración”, aseguró.
Comentó que son una institución humanitaria que trata de ayudar dentro de sus posibilidades al migrante, porque en este caso le correspondería al Estado tomar cartas en el asunto, “y no lo hace, porque a quien se debería denunciar es a la empresa que no tuvo el cuidado para su trabajo”.
El padre compareció acompañado por Elizabeth Lara Rodríguez, coordinadora estatal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en Oaxaca, con sede en Ixtepec.
Milenio
