De aprobarse la Ley para la Autonomía sobre los Recursos Informáticos del Estado de Oaxaca, además de estimular entre estudiantes y profesionales la creación de programas, se reducirá el considerable gasto que por adquisición de software tiene el gobierno, afirmó el diputado Flavio Sosa Villavicencio.
El Legislador de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo (PT), anunció que en próximos días Oaxaca será sede de una Convención Mundial de Software, por lo cual la LXI Legislatura tiene la oportunidad de opinar y legislar al respecto, lo que se convertiría en una ley de vanguardia en el país.
Al presentar esta propuesta en la última sesión ordinaria ante el pleno legislativo, Sosa Villavicencio explicó que frente a la nula autonomía de los organismos gubernamentales sobre los programas de cómputo para el desarrollo de sus actividades sustantivas, se hace necesario contar con esta ley.
Si bien el principal propósito es salvaguardar la autonomía del Estado sobre la posesión, desarrollo, control y aprovechamiento de los recursos informáticos necesarios para su operación, se busca estimular la creación de software que puedan desarrollar técnicos nacionales, indicó.
Argumentó que con la utilización del Software libre “se abriría el código fuente para adecuarse a las necesidades de la administración pública, el cual hasta la fecha es manejado por el monopolio en este campo que han hecho empresas extranjeras”.
Agregó: “Mucha gente pone al servicio de la humanidad sus creaciones técnicas, particularmente en el tema del software, por lo que con esta iniciativa se trata de reconocer el trabajo de nuestros propios técnicos”.
El Legislador del PT insistió que mediante esta legislación se estará incentivando a que todos los profesionales oaxaqueños y del país que crean programas para que sean adquiridos por el gobierno, lo que reduciría el cuantioso gasto que por “software de marca” eroga la administración.
Para ello, la propuesta turnada a comisiones plantea prohibir a los tres poderes del Estado, a los institutos autónomos, a las universidades públicas y a los Ayuntamientos que soliciten cualquier requisito en software privativo, además de que con ello la sociedad podría tener acceso a la información de manera más abierta.
Señaló que cotidianamente utilizamos en todos los ámbitos los llamados programas de marca o propiedad que poseen el 90.5 por ciento del mercado mundial del software, cuyo uso implica una serie de problemas graves para las administraciones gubernamentales al imposibilitar la utilización de opciones distintas en cuanto a costo y servicio.
El software libre suele estar disponible gratuitamente, o al precio de costo de distribución; no tiene costo de licencia debido al derecho de copia y al acceso al código fuente de la aplicación, lo que permite desarrollar internamente las mejoras o modificaciones necesarias y que no debe confundirse con la “piratería”; de este modo se contribuye a la formación de profesionales en nuevas tecnologías y al desarrollo local.
Un aspecto destacado, añadió el diputado Sosa Villavicencio, es la creación de un Consejo Estatal de Informática, instancia dedicada a desarrollar el software apropiado a las necesidades del gobierno y un sistema único para la operación de todas las instancias públicas bajo el mismo estándar de código abierto, lo que permitirá el intercambio, la cooperación, la interconexión y la integración de la información sobre una plataforma común.
Las mejoras que se realicen con software libre, puntualizó, no tienen restricciones y se pueden compartir con cualquier otra administración, empresa, institución u organismo que las requiera, mientras que con el software de propiedad no se pueden realizar dichos cambios, quedando en manos de empresas privadas la solución a estos requerimientos, lo cual implica un gasto considerable.
