Aunque no fue el primer caso, el pasado 10 de enero un adolescente de 11 años se vistió con ropas copiadas de la masacre de Columbine de 1999 en los EE. UU., llegó con dos pistolas a su escuela, pidió ir al baño y al salir disparó a dos profesores y a sus compañeros, mató a su maestra y se suicidó.
El caso impactó a la sociedad mexicana, pero ocurrió en el contexto de una lucha de 34 años del Estado contra las bandas del crimen organizado. De 1997 al 2018 se han registrado en México 363 mil homicidios dolosos acreditados a actos delictivos. Pero más que el número de asesinados, lo que llama la atención es el hecho de que los cárteles del crimen organizado tienen presencia en toda la república, controlan más del 10% de los municipios y han capturado a partes importantes del Estado.
México se encuentra en una zona de violencia que el Estado no puede controlar. La crisis de los cárteles comenzó en mayo de 1984 cuando fue asesinado el prestigiado y combatiente columnista Manuel Buendía cuando se disponía a publicar nombres de funcionarios, políticos y policías que estaban articulados a los primeros cárteles de la marihuana. De entonces a la fecha, las bandas se han fortalecido, decenas de grandes capos están muertos, encarcelados o extraditados a los EE. UU., pero la estructura de la violencia criminal sigue acumulando homicidas dolosos.
El gobierno acusó del asesinato de Buendía nada menos que al director de la Policía Federal de Seguridad, la policía política del Estado que estaba en el Ministerio del Interior (Secretaría de Gobernación). El funcionario fue encarcelado y sentenciado a 25 años de prisión y la oficina fue disuelta y convertida ya en una oficina de seguridad nacional. Pero desde 1984 las actividades del crimen organizado han crecido y no pasa mes sin que haya un ataque espectacular contra la sociedad.
La información sobre seguridad sigue dominando las expectativas de la sociedad. A finales del año pasado el capo Joaquín El Chapo Guzmán fue sentenciado a cadena perpetua en los EE. UU. y poco después fue arrestado en los EE. UU. el ministro de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa (del PAN, partido de derecha) acusado de proteger el tráfico de drogas a los EE. UU. Lo significativo de este caso fue que el funcionario había sido condecorado y entrenado por las principales oficinas de seguridad de los EE. UU. y, de acuerdo con la acusación, se dedicaba a ayudar a El Chapo a contrabandear cocaína. En 1997 el czar antidrogas de México con rango de general fue también arrestado por coludirse con un cártel.
El caso del niño columbine ha revelado un momento complejo de la sociedad mexicana. Ya no fue un suceso de ataque criminal, sino una evidencia de que la violencia se ha metido en las entrañas de la sociedad. A pesar de que la crisis de seguridad está asentada en México desde 1984, no ha habido programas educativos o sociales que alejen a los niños del clima de violencia de los estados cotidianos de ánimo. En muchas escuelas los niños son sometidos a revisiones con perros policías como si fueran sospechosos o a simulacros de balaceras, en lugar de programas de conocimiento de la realidad, de cultura de la paz o de educación contra la violencia.
A México le falta un programa integral de reorganización del aparato de seguridad. Cada nuevo gobierno inventa soluciones y organismos policiacos que duran seis años. La violencia, la extorsión, el cobro de cuotas criminales, los asesinatos en las calles, los asaltos diarios han agotado a la sociedad. El Estado carece de personal, los cuadros judiciales son cómplices en muchos casos de los delincuentes, la sociedad no encuentra protección por parte del Estado. Los asaltos ocurren en las calles, los restaurantes, los transportes públicos.
En el 2006, ante el fracaso de las policías, el presidente Calderón utilizó a las fuerzas armadas para apoyar acciones de seguridad basados en la doctrina de seguridad interior que viene desde la Constitución de Cádiz, entonces acreditada como “orden interno”. El saldo no ha sido malo: unos cincuenta capos de primer nivel han sido sacados de funcionamiento, pero sus estructuras criminales siguen operando. El caso de El Chapo es revelador: como jefe del cártel No. 1 de México, El Chapo está hundido de por vida en una cárcel de los EE. UU., pero su socio y dos hijos se quedaron con el control del cártel y han aumentado el tráfico de drogas sintéticas a los EE. UU.
Del problema que se le viene encima a México es la presión de la Casa Blanca al caracterizar a los cárteles mexicanos como organismos criminales transnacionales y existe la amenaza de señalarlos como terroristas. Al decretar la transnacionalidad, Washington quiere meterse en México a controlar la lucha contra esos grupos. La razón aparece en reportes de la DEA: nueve cárteles mexicanos controlan la venta al menudeo de droga en tres mil ciudades estadunidenses y comienzan ya a luchar con violencia por los mercados de consumo.
Detrás del caso del niño columbine existe un problema de seguridad en México: el crecimiento de los cárteles como grupo armado que tiene control de ciudades y rutas. Todos los días de 6 a 7 de la mañana el presidente López Obrador encabeza una reunión de seguridad con su gabinete de seguridad, incluyendo a los ministros de Marina, Defensa y Seguridad…, pero las cifras no bajan.
La violencia y la inseguridad en México existirán mientras sigan latentes las estructuras del crimen organizado.
