La estrategia en contra del crimen organizado, implementada por las autoridades, consiste básicamente en aumentar el gasto en policías y militares para que localicen y capturen a los líderes de las bandas criminales, creyendo que esto deteriora a sus organizaciones y elimina de raíz el problema. Lo que en realidad tal forma de actuar provoca es una violencia explosiva, ya que existe una larga lista de delincuentes esperando ocupar el lugar del jefe en turno y manifiestan su interés con sangrientas evidencias. Adicional a lo anterior, cuando las autoridades capturan vivos a los bribones y no se les van muertos (véase el caso del “Lazca”) deciden ponerlos en centros penitenciarios de alta seguridad para que purguen su condena, pero todos sabemos que estos penales son inoperantes, que en ellos se otorgan licenciaturas, maestrías y doctorados en el crimen. Los penales son centros de descanso para los narcotraficantes y cuando quieren se van, como fue el caso del conocido “Chapo”, que se escapó del centro de reclusión de alta seguridad de “Puerta” Grande Jalisco.
En aras de tener elementos objetivos para conocer el sistema penitenciario mexicano y realizar un comentario que rebase lo que todo el mundo menciona de forma cotidiana, me puse a investigar en relación al tema y me encontré con un trabajo realizado por la Comisión Nacional de Derecho Humanos, denominado: “Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2011”, en el cual se evalúan cinco rasgos de los penales: 1) integridad física y moral del interno; 2) estancia digna; 3) condiciones de gobernabilidad; 4) reinserción social del interno y 5) grupos de internos con requerimientos específicos (enfermos, discapacitados, entre otros).
A partir del análisis de estos cinco componentes, se diseñó un índice de excelencia o atraso penitenciario, que toma el valor de 10 en el primer caso y 0 para el segundo. A nivel nacional, lo que se tiene es que en 2006 la calificación promedio era de 5.92, misma que fue mejorando hasta tomar un valor de 6.59 en 2010, pero en 2011 se redujo a 6.41, con lo que en términos generales se puede decir que los penales tienen un desempeño mediocre, no son ni totalmente malos en las áreas evaluadas, ni tampoco excelentes y conforme a principio legal. Lo que consuela es que se ha presentado una pequeña mejora a lo largo del tiempo.
Para 2011 el índice se puede descomponer en sus cinco componentes, de esta forma, el valor máximo es 6.86 para el factor de “grupos de internos con requerimientos específicos”, el valor mínimo fue 5.84 para el factor “condiciones de gobernabilidad”. Los otros tres factores obtuvieron una calificación promedio de 6.3. En el informe se destaca la vulnerabilidad existente en los penales, como resultado de una suerte de forma de autogobierno, en muchos de ellos las autoridades no lo son, quienes realmente dictan las reglas son los grupos de internos capaces de imponer sus caprichos en base a la fuerza y violencia, reproduciendo lo que hacían afuera. Las prisiones son un microcosmos en el cual se magnifica los peores rasgos de una sociedad.
Para el 2011 los resultados pueden descomponerse por entidad y agruparlos en cinco intervalos que van de pésimo a excelente. El primer rango toma valores entre 0 y 2 en el índice, afortunadamente ninguna entidad se encuentra en este caso. El segundo rango toma valores entre 2.1 a 4, aquí se tampoco se encuentran entidades. El tercer rango va de 4.1 a 6 y aquí se sitúan las entidades de: Distrito Federal (5.99), Estado de México (5.89), Tamaulipas (5.88), Nuevo León (5.77), Quintana Roo (5.44), Coahuila (5.21), Oaxaca (5.15), Guerrero (5.13), Tabasco (4.86) y Nayarit (4.57). El cuarto rango va de 6.1 a 8 y lo conforman las entidades de: Guanajuato (7.89), Tlaxcala (7.8), Querétaro (7.79), Jalisco (7.54), Chihuahua (7.08), Puebla (6.99), San Luis Potosí (6.84), Sonora (6.79), Michoacán (6.77), Colima (6.65), Durango (6.63), Baja California Sur (6.61), Veracruz (6.6), Baja California (6.56), Zacatecas (6.51), Morelos (6.44), Hidalgo (6.37), Chiapas (6.36), Campeche (6.36), Sinaloa (6.14) y Yucatán (6.13). El quinto rango, de excelencia, sólo tiene una entidad y es Aguascalientes con un índice de 8.47, este magnífico resultado nos da ilusión en relación a que es posible estar mejor y por tanto implica revisar su experiencia.
En Aguascalientes se evaluaron tres centros (dos varoniles y uno femenil), los aspectos que destacan se encuentran en el área de garantizar una estancia digna para el recluso, particularmente ingreso, dormitorios, locutorios, talleres, visita íntima, visita familiar, patio, área médica, higiene, condiciones materiales, instalaciones deportivas, cocina y alimentos. En materia de condiciones de gobernabilidad también salen bien calificados en las áreas de normatividad que rige al centro, respeto del debido proceso en la imposición de las sanciones disciplinarias, ejercicio de las funciones de autoridad por parte de los servidores públicos del centro (autogobierno/cogobierno) y rescato uno que preocupa: ausencia de actividades ilícitas y cobros. El aspecto en el que más se tiene que trabajar en los penales de este estado es la reinserción social del interno.
Si en lugar de observar el promedio nacional o la entidad, se analizan los penales, se reporta que los mejores cuatro son: 1) Centro de reinserción social femenil de Aguascalientes (8.74), 2) Centro de reinserción social varonil de Aguascalientes (8.83), 3) Centro de reinserción social de Tepexi de Rodríguez, Puebla (8.4), y 4) Centro estatal de reinserción social del Valle de Santiago, Guanajuato (8.34). Los cuatro peores del país son: 1) Centro de reinserción social del estado de Tabasco (4.61), 2) Centro regional de readaptación social de Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero (4.56), 3) Centro de readaptación social regional Santiago Ixcuintla, Nayarit (4.01), y 4) Centro de reinserción social de Piedras Negras, Coahuila (0.0).
Aunque el reporte, en lo general, presentaba una imagen no tan caótica del sistema penitenciario o como eufemísticamente le llaman las autoridades, “sistema de centros de reinserción social”, el dato para Piedras Negras, Coahuila nos recuerda las enormes carencias y corruptelas existentes –aún no sabemos si fueron 133, 134 o 135 los fugados. En conclusión, ¿de qué sirve poner a los criminales tras las rejas si el sistema no cumple con sus funciones? Junto con la captura de los criminales debe trabajarse para modernizar, eficientar y depurar los penales tanto federales como locales. Si no se mejora su operación, la actual estrategia contra el crimen organizado es una farsa y reafirma la idea de un México donde reina la impunidad.
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* Profesor en economía de la UACJ, Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI)
