Un esquema integral de prevención, fiscalización y elevación de sanciones por actos que demeriten el servicio público, lo corrompan en perjuicio de la sociedad mandante, el Sistema Nacional Anticorrupción, será uno de los productos más importantes de un gobierno modernizador y de la LXII Legislatura, que decidió saldar graves asignaturas pendientes.
Este 28 de mayo el presidente Enrique Peña Nieto promulgó las reformas constitucionales relativas a este nuevo sistema fiscalizador del sector público y de las acciones de todo aquel agente que utilice recursos del Estado mexicano, un nuevo sistema emanado de las iniciativas del propio Ejecutivo, de varios partidos políticos y propuestas elaboradas de organizaciones civiles, iniciativas conjugadas que recibieron el voto ampliamente consensuado en ambas cámaras del Congreso de la Unión y en la mayoría de legislaturas estatales.
La reforma constitucional, cuya ley secundaria deberá aprobarse antes de un año, abre a la revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) los recursos federales que ejercen estados, municipios, sindicatos, partidos y demás entes, incluidos particulares, que reciban dinero público, entre otras medidas para fortalecer la fiscalización.
De esta manera, con las reformas ahora promulgadas se institucionaliza y articula todo un Sistema Nacional Anticorrupción, una instancia de comunicación moderna entre las autoridades locales y federales con atribuciones amplias para prevenir, detectar y sancionar irregularidades administrativas y delitos por actos de corrupción, un flagelo que nos cuesta a los mexicanos, según agencias especializadas, nueve puntos porcentuales de PIB, es decir aproximadamente 1.5 billones de pesos por año.
Entre las principales características del nuevo sistema anticorrupción destacan:
Se fortalecen y amplían las facultades de fiscalización de la Auditoria Superior de la Federación para que investigue y sancione con más eficacia los actos irregulares, desapegados de la probidad pública.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) tendrá más facultades, como realizar auditorías en tiempo real y fiscalizar los recursos federales destinados a estados y municipios y ejercidos por fideicomisos, fondos y mandatos, públicos y privados.
La ASF podrá solicitar y revisar, de manera casuística y concreta, información de ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública en revisión.
Se crea el Tribunal Federal de Justicia Administrativa órgano autónomo que podrá imponer sanciones a servidores públicos y a particulares que cometan faltas administrativas graves, como en las contrataciones de obra pública.
Para garantizar su autonomía de otros poderes, la Sala Superior del Tribunal se compondrá de dieciséis magistrados que durarán en su encargo quince años improrrogables.
El nombramiento del o la titular de la Secretaría de la Función Pública ya no será una facultad discrecional del presidente de la República, pues tendrá que ser aprobado por la Cámara de Senadores.
Las y los servidores públicos estarán obligados a presentar su declaración patrimonial y de conflicto de interés, es decir hacer explícito si su responsabilidad pública riñe o no con sus intereses privados.
El plazo para la prescripción de sanciones administrativas graves se amplía de tres a siete años.
Las leyes determinarán los casos y las circunstancias en los que se deba sancionar penalmente por causa de enriquecimiento ilícito a los servidores públicos que durante el tiempo de su encargo, o por motivos del mismo, por sí o por interpósita persona, aumenten su patrimonio, adquieran bienes o se conduzcan como dueños sobre ellos, cuya procedencia lícita no pudiesen justificar.
Los Poderes de la Unión, las entidades y las demás entidades fiscalizadas facilitarán los auxilios que requiera la ASF para el ejercicio de sus funciones, so pena de ser sancionados.
Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de elementos de prueba, podrá formular denuncia ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión respecto de las conductas a las que se refiere el presente artículo.
Habrá un Comité de Participación Ciudadana, que deberá integrarse por cinco ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción y serán designados en los términos que establezca la ley.
No puedo concluir esta reflexión semanal sin mencionar la emotiva y documentada conferencia titulada “La función social de la Historia”, dictada este viernes 29 en la Biblioteca Burgoa del complejo cultural de Santo Domingo, por el doctor Enrique Florescano, en el marco del ciclo de conferencias “Oaxaca en el debate nacional”.
Enrique Florescano, es Premio Fray Bernadino de Sahagún (1970), Premio Nacional de Ciencias Sociales (1976), recibió las Palmas Académicas del gobierno francés (1982), Caballero de l´Ordre National du Mérite (1985) y Premio Nacional de Ciencias y Artes (1996), entre otros muchos reconocimientos.
En su conferencia el maestro en Historia Universal por el Colegio de México dejó en clara la importancia de esta rama de las Ciencias Sociales que estudia el pasado de los seres humanos y que es fundamental para la formación de las nuevas generaciones, la niñez y la juventud, y sean conscientes de que son parte de la gran corriente de la histaria humana.
Es la historia, el recuento de los hechos más importantes, como trascendentes, en la vida de los pueblos y civilizaciones un “código genético”, apuntó al citar al historiador británico Eric Hobsbwan, quien plantea ese pasado como la memoria de experiencia y sabiduría que nos permite conocer cómo eran y como fueron hechas las casos, pero sobre todo para saber cómo deben hacerse.
Ponderando la diversidad intelectual y el pensamiento democrático, refirió que contra las pretensiones absolutistas –como la imposición de una iglesia única, una forma específica de Estado o un orden social único-, sin embargo, recordó también que la historia ha demostrado que nada de lo que ha existido en el desarrollo social es definitivo ni puede aspirar a ser eterno.
Sin duda, escuchar la conferencia del doctor Enrique Florescano, titulada igual que su más reciente libro: La función social de la Historia, fue enriquecedor para el público que se dio cita esa tarde noche, ya que su trabajo nos ayuda a entender más que el pasado nuestro presente, y a comprender que tenemos con la niñez y la juventud la obligación ineludible de enseñar historia con la finalidad de que pueda vivir en (una mejor) sociedad y construir un mejor futuro, como señala el destacado historiador mexicano.
