La habilidad de las elites estatales, como la CNTE, para burlar e ignorar al resto de los actores sociales e imponer su voluntad por encima de las leyes y la capacidad del Estado, es inaudita. La aplicación de la legislación se hace a contentillo, depende del “me das y te doy”, no de la justicia y la equidad. Lo anterior ha producido tibia reacción de las cámaras empresariales que reclaman solución al conflicto y aplicación de las leyes, debido a la cantidad de daños causados por la organización sindical y la pasividad e ineficacia gubernamental para resolver el conflicto, que día a día se enreda más.
Pero la elite sindical no tiene urgencia por resolver el rompecabezas, toda vez que tiene arrinconados a los responsables gubernamentales que “ni atan ni desatan”, y mucho menos aclaran la engañifa en la que han caído causando daños considerables al turismo, al comercio, a las artesanías, al hotelero y restaurantero y, por supuesto, a las empresas de transporte público como taxis y autobuses urbanos hasta líneas aéreas, autobuses foráneos y trenes.
La actitud estática del gobierno federal como brazo ejecutivo del Estado, contradice su propia capacidad y autoridad al confundir la prudencia con la ineficacia frente a las circunstancias que se han presentado. Sin embargo, la ley se cumple o no se cumple; no debe estar sujeta a oscuras negociaciones.
No obstante, aun cuando las condiciones sean cambiantes en cada sesión de diálogos, debería considerarse que las horas y los días pasan y agotan la paciencia de las comunidades, más aun, cuando los ingresos se empiezan a agotar ya que las pérdidas alcanzan los 43 mil millones de pesos.
Han transcurrido dos meses y no se ha llegado prácticamente a nada que satisfaga las demandas de los participantes: gobierno y disidencia.
Aunque, la pronta libertad de los líderes detenidos podría considerarse un avance a favor de la CNTE, no así para la causa del gobierno, solo desgaste, tiempos perdidos y disminución en la calificación del manejo de la situación. Y es que no se han logrado acuerdos sustanciales porque la CNTE no lo desea, no es su meta; porque la superación de la educación de alumnos y profesores les importa un pito.
Le están apostando a las elecciones del 17 y del 18 con objeto de que el gobierno y su partido lleguen a los tiempos electorales totalmente desgastados y descalificados para perder la elección del 2017 y consecuentemente la sucesión presidencial; pero eso requiere dinero y mucho, de ahí la urgente necesidad de recuperar los antiguos privilegios.
La mofa que ha hecho la disidencia de las leyes, de las instituciones y de la reforma educativa así lo confirma. Sus conductas han sido las actitudes fascistas y denigrantes como rapar a sus compañeros, injuriarlos y lastimarlos y lo sorprendente ha sido que el estado de derecho sigue ausente.
Los lideres que fueron encarcelados por lavado de dinero y utilización de recursos públicos para otros fines no etiquetados están a punto de obtener su libertad o bien, arresto domiciliario.
¿A cambio de qué se les libera o se les da el beneficio del arresto domiciliario cuando a la propia lideresa del SNTE, Elba Esther Gordillo, se le ha negado ese privilegio a pesar de su edad y sus enfermedades?
No pretendo con la interrogante disminuir culpas o errores, cada quien debe afrontar las faltas que comete y en el caso de la ex líder magisterial está encarando encierro como circunstancia pendular de la política sexenal.
El caso es que a partir de su reclusión el asunto educativo se empezó a descomponer a pesar de la disposición gubernamental por mejorar el sistema educativo mexicano al tratarse de un acto obligado de política pública del gobierno federal.
Pero, una cosa es querer hacerlo y otra es deber hacerlo. El gobierno quiere pero la CNTE le dice que no debe hacerlo al no convenir a sus intereses.
¿Y qué quiere la CNTE?
Pues que le sea devuelto todo el poder de antaño; ese es el objetivo inicial a conseguir para poder tener éxito en lo electoral que ya está en la agenda. Sin embargo, la situación social y política del momento impiden las prácticas simbióticas de antaño entre gobierno y las oposiciones radicales, como para suponer que los dineros y demás privilegios podrían ser restaurados.
Los cañonazos obregonistas ya no son tan fáciles de disparar, sobre todo, cuando una legislación anticorrupción ha sido recién aprobada; motivo suficiente para impedir las enormes entregas de dinero, de becas y plazas hereditarias. Eso no puede volver a suceder a menos que se quiera correr el riesgo de colocarse en la mira del fusil de la opinión pública, lo cual significaría el suicidio político sin importar el cargo que se desempeñe.
La situación es ya farragosa por continuar insistiendo en un diálogo de sordos en tanto las leyes son pisoteadas y a los funcionarios públicos nadie les crea porque no hay rumbo.
Lo cierto es que la CNTE gana espacios debilitando al Estado sin revolución violenta.
¿Qué se espera de todo este embrollo? ¿Un continuo: “Sin Novedad en el Frente?
