Luego de externar su respeto a las diversas organizaciones sociales en pro de los derechos humanos de los inmigrantes centroamericanos, a su paso por territorio oaxaqueño, el gobernador Gabino Cué Monteagudo sostuvo que hasta el momento no se tienen indicios del presunto secuestro de indocumentados en la región del Istmo.
Aunque, agregó, las investigaciones continúan por parte de la Procuraduría General de Justicia en coordinación con la Procuraduría General de la República, (PGR).
Por el momento, dijo Cué, policías estatales en coordinación con las corporaciones federales y el propio Ejército Mexicano y la Armada de México realizan constantes recorridos de vigilancia en la zona, principalmente en la ruta que los inmigrantes utilizan en su paso hacia el norte del País.
Cué Monteagudo, reiteró su preocupación por el supuesto secuestro de los 50 centroamericanos indocumentados y de cuyo paradero hasta el momento se desconoce, y resaltó que resulta extraño que nadie quiera colaborar para aclarar éste asunto que ha trascendido a nivel nacional e internacional.
Precisó que las investigaciones continúan por parte de la Procuraduría del Estado, así como por la PGR, sin embargo, dijo, hasta el momento no se tienen evidencias sobre el secuestro masivo de los centroamericanos indocumentados, aunque algunas organizaciones civiles y religiosas aseguran que un grupo armado de manera violenta sometió y se llevó con rumbo desconocido al grupo de ilegales.
Reiteró el mandatario que resulta extraño que a más de veinte días del supuesto plagio de los indocumentados, nadie haya aportado pruebas del secuestro y mucho menos los familiares de las víctimas se hayan presentado a denunciar los hechos o al menos a ratificar la denuncia.
Sin embargo, externó su respeto a las manifestaciones que algunas organizaciones realizan en los estados de Chiapas y Oaxaca para denunciar la violencia que sufren los indocumentados por territorio mexicano a su paso hacia los Estados Unidos de Norteamérica.
Finalmente, el gobernador informó que policías estatales y federales mantienen una rigurosa vigilancia en las inmediaciones de las oficinas del padre Solalinde Guerra, luego de que algunas organizaciones sociales exigieron garantías para la seguridad del religioso, quien supuestamente ha recibido amenazas de muerte de la delincuencia organizada.
Agencia JM
