La remoción de José Luis Vargas Valdez de la Fiscalía Especial para Delitos Electorales (FEPADE) fue entendida por la dirigencia nacional del PRI como la confirmación de que el Gobierno Federal está utilizando la procuración de justicia como ariete contra ese partido de cara a las elecciones que culminan el próximo 1 de julio.
Pedro Joaquín Coldwell, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, quien se ha distinguido por su discreción, acudió al noticiario de Carmen Aristegui y, con el mayor respeto a la investidura presidencial, expresó la preocupación por el cambio inexplicado e injustificado en la titularidad de la FEPADE, que podría anunciar que esa institución, fundamental para la justicia electoral, actuará con parcialidad a favor del partido del gobierno. Las filtraciones que involucran a tres ex gobernadores de Tamaulipas con el crimen organizado son parte de la misma estrategia.
Aristegui leyó en voz alta un trozo de la página 82 del más reciente libro de Julio Scherer, Calderón de cuerpo entero, según la cual el entonces diputado Felipe Calderón Hinojosa, quien tenía relaciones fluidas y hasta cordiales de trabajo con el también diputado priista Gustavo Carvajal, rechazó una caja de puros que éste le pretendía obsequiar como mera cortesía a un colega, con la siguiente terrible frase: “Mi padre me enseñó a odiar a los priistas”. La periodista preguntó Coldwell qué opinión le merecía esta frase y el líder priista, guardando siempre el respeto a la institución presidencial, respondió más o menos así: “un presidente no tiene derecho de odiar a nadie; cuando se llega a la elevada responsabilidad de conducir un país me parece que el jefe del Estado debe ponerse por encima de sus pasiones y de sus debilidades para poder tener lo que debe caracterizar a los grandes jefes de Estado, la magnanimidad”.
Lo que parece haber encendido los focos rojos en el priismo es el contexto en que se dio el relevo en la FEPADE: el PAN había presentado impugnaciones al proceso electoral de Michoacán alegando que la delincuencia organizada intervino en la elección para gobernador en varios municipios, con la idea de que se anulara un número suficiente de casillas para para cambiar el resultado y dar el triunfo a la hermana del presidente o declarar nula la elección. Se trataría de una especie de ensayo general con vistas a aplicar la misma estrategia en las elecciones federales del 1 de julio.
Debe tenerse presente que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emitió su fallo en la madrugada del pasado martes 14 de febrero, es decir, un día antes de que el ahora gobernador Fausto Vallejo rindiera su protesta de ley ante el Congreso del Estado. La única explicación que encuentro a este extraño retraso de la máxima instancia de la justicia electoral, es que sus integrantes hayan sido presionados por el gobierno y su partido, lo que sería un aviso alarmante sobre lo que les espera –y nos espera a todos los mexicanos– para la elección del nuevo presidente de la República.
El presidente Calderón está jugando con fuego y esto es muy peligroso, no sólo porque reeditaría la intromisión ilegal del gobierno del presidente Fox en las elecciones, sino porque el país está en una situación mucho más delicada que hace seis años y sería muy delicado manipular a las instituciones de la República para impedir que se cumpla la voluntad de la ciudadanía.
Ante este riesgo, no puede ignorarse el duro e inusual discurso del secretario de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván Galván, el Día de la Lealtad, en el que advirtió que en algunas zonas “del territorio nacional, el espacio de la seguridad pública está totalmente rebasado. Es menester reconocer que es la seguridad interior la que hoy se encuentra seriamente amenazada”.
Éstas no son bromas. Las advertencias del general secretario deberían servir para que el gobierno revisara su fallida estrategia de combate a la delincuencia organizada como desde hace años lo demandan familias y movimientos sociales que representan a las víctimas, pero también para que el presidente convocara a todas las organizaciones políticas y sociales del país formar un frente común de repudio a la delincuencia, uno de cuyos capítulos sería el acuerdo de buena fe entre autoridades y partidos políticos para preservar las campañas electorales de la penetración de dinero procedente del narcotráfico y otras actividades criminales. Subrayo la expresión de buena fe.
Como pocas veces en la historia reciente, México necesita la civilidad que trae consigo la práctica efectiva de la democracia. Necesita el más estricto respeto de las autoridades a las leyes y la gestión pulcra de las instituciones del Estado. Si la fractura de la sociedad no se tradujo en tragedia hace seis años fue quizá porque los problemas –pobreza, desigualdad, violencia– no habían adquirido el tamaño que hoy tienen y porque no existía un entorno económico y político tan descompuesto, como el fracaso de la integración europea y la guerra de la ultraderecha estadunidense contra el presidente Barak Obama.
Si el poder político se empeña en crear un gran conflicto político, el IFE y el TEPJF, que son las autoridades electorales, o el Congreso de la Unión, que representa a la Nación y a la República, deberían impedirlo. Si las instituciones no son capaces de moderar los excesos del poder, entonces la democracia habrá sido otro intento fallido en nuestra historia.
