El paso de las semanas y los meses no ha borrado del imaginario colectivo la imagen del dolor y la indignación de Javier Sicilia a raíz del asesinato de uno de sus hijos por un grupo de sicarios del crimen organizado. Sicilia no se recluyó en su casa a llorar a solas su pérdida sino que salió a la plaza pública a gritar su indignación con la conocida expresión de “estamos hasta la madre” y fue acompañado por otros padres, madres, hijos y hermanos de víctimas de la violencia irracional que tiene en “El Ponchis”, adolescente asesino, a una de sus más conmovedoras víctimas.
A cuatro o cinco semanas de su tragedia, Sicilia salió de Cuernavaca y llegó primero a la Ciudad Universitaria y al día siguiente al Zócalo, el lugar más emblemático de la Nación, centro de Tenochtitlan, de la Nueva España y del México Independiente. Junto con Sicilia, la “Marcha nacional por la paz con justicia y dignidad” estaba formada por centenares o tal vez millares de amigos, vecinos y ciudadanos, así como por integrantes de organizaciones sociales, casi todas ellas creadas como reacción ciudadana a la destrucción y la muerte que han sembrado los criminales y quienes, desde el poder público, pretenden acabar con ellos a balazos.
Allí, en el Zócalo, y con la integración de importantes organizaciones sociales, el grito de hartazgo de Sicilia, su renuncia a continuar escribiendo poesía –que es una forma simbólica de suicidio– y su exigencia de alto a la violencia tanto a los delincuentes como al gobierno, tuvo un cambio cualitativo o, si se quiere, se convirtió en una demanda social más amplia con algunas chispas de demanda política. Era el 8 de mayo de 2011 y dos mujeres, Ola Reyes, miembro de una familia de asesinados, y Patricia Duarte, madre ésta de uno de los niños muertos en el incendio de la guardería ABC por la incuria de los dueños y las autoridades, leyeron los seis puntos que serían ejes del movimiento ciudadano que allí empezaba a tomar forma.
La sola expresión “seis puntos” recuerda el pliego petitorio de otro movimiento social, el de los estudiantes de 1968, que fue ahogado por las balas del Ejército en la Plaza de las Tres Culturas el 2 de octubre. No sabemos cuál será el destino del movimiento que tiene como símbolo el liderazgo de Sicilia, pero tiene serios riesgos, no de una represión que pondría en crisis terminal al gobierno actual y a su partido, sino de la manipulación desde la derecha, que parece estar utilizando el “Movimiento por la Paz con justicia y dignidad” con fines político-electorales.
Es verdad que el papel de un líder social como Javier Sicilia no invalida su derecho a intervenir en política y hacerlo con todos los medios legales a su alcance, incluso la movilización ciudadana que encabeza. También es cierto que toda demanda social tiene una expresión política para no quedar en un simple desahogo o en una mera explosión emocional.
Pero hay que distinguir. Javier Sicilia es un legítimo representante de aquella parte de la sociedad –sin duda mayoritaria– que exige terminar con la violencia y evitar que el combate al crimen organizado se convierta en pretexto para conculcar los derechos humanos o las garantías individuales.
Pero esa representatividad no es institucional puesto que no procede de un proceso electoral, sino de la percepción de un conjunto de sentimientos y exigencias de la sociedad.
La distinción es necesaria para no incurrir en actos que John Ackerman califica de soberbios, como la creencia de que Sicilia y su movimiento actúan por “mandato ciudadano” y que esto los faculta para exigir la Cámara de Diputados que ignore la legislativa y apruebe, sin discusión ni modificación alguna, el paquete de reformas constitucionales y legales que recibió del Senado el último día del período ordinario de sesiones.
¿Quién puede impedir que diputados de partidos tan heterogéneos como el PRD y el PAN, el PT y el PANAL, Convergencia y el PRI renuncien a su deber y derecho de analizar y discutir las iniciativas de ley antes de votarlas? ¿No se da cuenta Sicilia de que semejante exceso es propio de los regímenes autoritarios y no de los democráticos?
La lucha contra la violencia y los reclamos de los familiares de las víctimas de la guerra contra el crimen organizado no invalidan el orden institucional del país ni invisten de autoridad a nadie para exigir que un poder del Estado viole las deposiciones legales y reglamentarias para acceder a sus exigencias.
Los diputados representan la Nación y los senadores al Pacto Federal. La organización y funcionamiento del Poder Legislativo –lo mismo que los del Ejecutivo y el Judicial– están definidas en la Constitución y no pueden ser alteradas por la voluntad de un ciudadano, por grande que sea su autoridad moral y su representatividad social.
Ackerman recuerda que en febrero de 2010, se publicó en los medios un desplegado bajo el título de “‘No’ a la generación del ‘No’”, en el que se pretendía lo mismo que hace una semana exigieron Sicilia y sus acompañantes: que los legisladores no discutieran más la reforma política pues “no hay nada más que discutir, hay que votar y punto”.
Este es un terreno muy peligroso y un hombre de buena fe como Javier Sicilia debería percatarse de ello. El debate de ideas está en el núcleo de la democracia. Las cámaras legislativas son los órganos del Estado facultados para hacer leyes porque representan legal y legítimamente a la Nación y a la República.
Hoy mismo, la Comisión Permanente recibe a Sicilia y otros dirigentes del movimiento que encabeza. Tienen todo el derecho a manifestar sus ideas y reclamos, pero ni ellos ni ninguna instancia social están por encima de las instituciones del Estado ni pueden pretender que éstas violen su propia normatividad.
