* Con inteligencia y la aplicación de extinción de dominio se puede combatir al crimen organizado, a la corrupción política, al lavado de dinero, al secuestro, a la extorsión y a las redes criminales incrustadas en las estructuras de poder.
* Todo delito deja rastros. El dinero deja huellas financieras; las comunicaciones generan registros; los vínculos criminales producen redes; los actos de corrupción dejan documentos, transferencias, testigos, contratos, propiedades y beneficiarios.
La lucha contra la delincuencia no es misión imposible. Lo prueba la detención por la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía de Oaxaca de 5 de 8 asaltantes que robaron 3 millones de pesos a empleados del DIF en Plaza del Valle.
Sí se puede combatir la delincuencia porque no hay crimen perfecto ni siquiera los crímenes de Estado, sino investigaciones imperfectas por omisión, complicidad o, lo peor, por aplicación selectiva de la ley, muchas veces por venganza política.
Con inteligencia y la aplicación de extinción de dominio se puede combatir al crimen organizado, a la corrupción política, al lavado de dinero, al secuestro, a la extorsión y a las redes criminales incrustadas en las estructuras de poder.
El problema no radica en la inexistencia de herramientas legales o capacidades institucionales, sino en la deformación de la justicia: investigaciones mal integradas, aplicación selectiva de la ley y el uso faccioso del aparato ministerial y judicial como instrumento de venganza política o personal.
La frase “no hay crimen perfecto, sino investigaciones imperfectas” sintetiza una de las mayores verdades del sistema penal contemporáneo. Incluso los crímenes más sofisticados terminan revelando patrones cuando existen voluntad política, capacidad técnica y autonomía institucional.
Todo delito deja rastros. El dinero deja huellas financieras; las comunicaciones generan registros; los vínculos criminales producen redes; los actos de corrupción dejan documentos, transferencias, testigos, contratos, propiedades y beneficiarios.
El problema aparece cuando las instituciones encargadas de investigar no quieren encontrar la verdad, sino fabricar culpables, proteger aliados o perseguir adversarios. Entonces la justicia deja de ser un instrumento del Estado de Derecho y se convierte en un mecanismo de control político.
En México, particularmente en diversas entidades federativas, la percepción social de impunidad no deriva únicamente de la incapacidad institucional, sino también de la evidente selectividad en la aplicación de la ley.
Hay personajes intocables pese a los señalamientos públicos, auditorías o evidencias documentales, mientras otros son perseguidos con rapidez extraordinaria por razones políticas, económicas o personales.
Esa disparidad destruye la confianza ciudadana y fortalece la idea de que el problema no es la falta de leyes, sino quién decide contra quién se aplican. La delincuencia prospera cuando existe protección política. Ninguna organización criminal de gran escala sobrevive sin redes de complicidad institucional.
El narcotráfico, el contrabando, la corrupción administrativa, el huachicol, el tráfico de personas y los desvíos multimillonarios de recursos públicos requieren necesariamente protección desde estructuras gubernamentales, corporaciones policiacas o sectores del sistema judicial.
Por ello, combatir verdaderamente la delincuencia implica ir mucho más allá de detener operadores menores o fabricar espectáculos mediáticos. Significa desmontar redes de poder económico y político que permiten la reproducción de la impunidad.
Sin embargo, en numerosas ocasiones ocurre exactamente lo contrario: las fiscalías son utilizadas como armas de presión. Se abren carpetas de investigación selectivas, se filtran expedientes, se judicializan casos sin pruebas sólidas y se prolongan procesos como mecanismos de desgaste. La ley deja de ser garantía de justicia para transformarse en amenaza política.
Cuando la procuración de justicia se utiliza por venganza, el Estado entra en una zona extremadamente peligrosa. Porque entonces ya no importa quién es inocente o culpable, sino quién tiene poder para activar o detener el aparato judicial. Y en ese escenario, la ciudadanía queda indefensa.
La aplicación selectiva de la ley genera además un efecto perverso: fortalece a los verdaderos criminales. Mientras los recursos institucionales se utilizan en persecuciones políticas o ajustes de cuentas, las estructuras criminales reales se consolidan, penetran instituciones y amplían sus operaciones.
La impunidad selectiva termina siendo uno de los principales combustibles de la delincuencia organizada. Existen ejemplos internacionales que prueban que sí es posible enfrentar estructuras criminales complejas cuando existe autonomía institucional auténtica.
Las investigaciones antimafia en Italia, las operaciones anticorrupción en algunos países sudamericanos o los grandes casos de inteligencia financiera internacional han demostrado que incluso organizaciones aparentemente intocables pueden ser desmanteladas. Pero todos esos procesos tuvieron un elemento común: independencia real de fiscales e investigadores.
En México, uno de los mayores retos sigue siendo precisamente la autonomía. Mientras las fiscalías dependan política o indirectamente de grupos de poder, difícilmente podrá hablarse de justicia imparcial. La subordinación política de las instituciones provoca que muchos expedientes nazcan muertos y que otros sean acelerados artificialmente según conveniencias coyunturales.
También debe reconocerse que la debilidad técnica de muchas investigaciones favorece la impunidad. Carpetas mal integradas, violaciones al debido proceso, falta de peritajes sólidos, deficiencias ministeriales y corrupción interna terminan derrumbando casos que pudieron haber prosperado judicialmente.
Entonces aparece la narrativa oficial de que “el juez liberó delincuentes”, cuando en realidad fueron las propias deficiencias de la investigación las que destruyeron el caso. No hay crimen perfecto. Lo que existen son sistemas imperfectos, intereses políticos y decisiones deliberadas para no investigar a ciertos actores.
Cuando un Estado decide realmente actuar, el crimen puede ser combatido. La inteligencia financiera, la coordinación institucional, el análisis tecnológico, la profesionalización policial y la autonomía judicial son herramientas suficientes para debilitar incluso a estructuras poderosas.
Pero mientras prevalezca la justicia selectiva, la venganza política y la manipulación institucional, la percepción social seguirá siendo devastadora: que la ley no sirve para proteger ciudadanos, sino para proteger intereses.
El combate a la delincuencia requiere algo más profundo que discursos oficiales o detenciones espectaculares. Requiere construir un verdadero Estado de Derecho donde la ley se aplique igual para todos, sin privilegios, sin impunidad y sin utilización facciosa de las instituciones.
Porque cuando la justicia se usa como instrumento de poder, el crimen deja de estar únicamente en las calles y comienza a infiltrarse peligrosamente en las propias estructuras del Estado.
alfredo_daguilar@hotmail.com
director@revista-mujeres.com
@efektoaguila
