* A semejanza de la manida, por manoseada, estrategia puesta en marcha por el ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, si pierde las elecciones en 2021, pero sobre todo, en 2024, el presidente López Obrador desconocerá los resultados y los impugnará.
* El mayor riesgo para México es provocar una crisis constitucional como resultado de no aceptar los resultados de las elecciones federales concurrentes localmente en 2021, pero sobre todo, en los comicios presidenciales de 2024, y convocar a una insurrección.
La reciente queja contra Nancy Ortiz Cabrera, Delegada de Bienestar, ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y la respectiva denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) tiene singular trascendencia política nacional.
Nancy Ortiz Cabrera autorizó que los diputados locales en el estado de Oaxaca del partido Morena Inés Leal Peláez, Luis Alfonso Silva Romo y Roberto Angel Domínguez, reciban las tarjetas de los beneficiarios de “Apoyo a Adultos Mayores”.
Asimismo, autorizó que las entreguen a su libre arbitrio haciendo proselitismo, propaganda y obteniendo una ventaja a su favor, mediante la entrega de recursos públicos contenidos en la referidas tarjetas del programa bienestar, lo cual está prohibido.
Esto pone de manifiesto con meridiana claridad y prueba de manera fehaciente la perversa maniobra genial puesta en marcha políticamente por el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobierno de la Cuarta Transformación. Es la punta del iceberg.
En política nada ocurre por casualidad y menos con un presidente autoritario y dictatorial como Andrés Manuel López Obrador. En el gobierno de la Cuarta Transformación las cosas se dan por causalidad, es decir, todo tiene causa-efecto.
A semejanza de la manida, por manoseada, estrategia puesta en marcha por el ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, si pierde las elecciones en 2021, pero sobre todo, en 2024, el presidente López Obrador desconocerá los resultados.
Una vez más, pondrá el grito en el cielo y se rasgará las vestiduras al denunciar que, otra vez, le robaron el triunfo y acusará nuevamente al Instituto Nacional Electoral de permitir el fraude en contra de los candidatos de Morena.
Entretanto, continúa a toda marcha la compra de votos a nivel nacional, a través de los ocho programas Bienestar, por parte de los superdelegados, a pesar que la Ley Electoral lo prohíba de manera expresa, tajante y categórica.
El objetivo es muy claro y preciso, si los candidatos de Morena pierden las elecciones en 2021, pero sobre todo, en 2024, el presidente López Obrador y su partido impugnarán los resultados, lo que judicializará los mismos en el Tribunal Electoral.
El mayor riesgo para México es provocar una crisis constitucional como resultado de no aceptar los resultados de las elecciones federales concurrentes localmente en 2021, pero sobre todo, en los comicios presidenciales de 2024 y convocar a una insurrección.
En este escenario, no es nada descartable que nuevamente como lo hizo en 2006 al rechazar su derrota el presidente Andrés Manuel López Obrador desde el Partido de la Revolución Democrática (PRD) intentara dar un golpe de Estado.
La denuncia de tal suceso la recordó con todas sus letras el ex correligionario de Andrés Manuel López Obrador en el PRD y ex líder nacional del partido del Sol Azteca, Guadalupe Acosta Naranjo, a la raíz de la insurrección convocada por Donald Trump.
Es el estilo autocrático de la casa, pues no hay que olvidar que en 2006, después de su derrota presidencial Andrés Manuel López Obrador instaló un plantón en Paseo de la Reforma y se declaró Presidente Legítimo, durante un acto en el Zócalo capitalino.
Por estos hechos, públicamente conocidos de todos, es muy preocupante la injerencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en el proceso electoral al estar convencido que sólo hay democracia cuando gana las elecciones él y su partido Morena.
A la luz del autoritarismo autocrático y la megalomanía del propio Primer Mandatario es entendible, jamás aceptable y más aún condenable, su insistencia en atacar para descalificar e intentar desaparecer a los órganos autónomos.
Al privilegiar la opacidad y la permanente violación de la ley estorba al presidente de la República el permanente escrutinio público, a través de la obligación constitucional de la transparencia y la rendición de cuentas, como ejercicio del derecho a saber.
Dados sus planes de no aceptar los resultados de las elecciones federales concurrentes localmente de este año 2021, pero sobre todo, de los comicios presidenciales de 2024 queda claro que le estorba la imparcialidad del Instituto Nacional Electoral (INE).
También clarifica su interés en controlar el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación imponiendo magistrados y ministros incondicionales, a efecto de garantizarle resoluciones favorables.
Por mantenerse en el poder, el presidente López Obrador no tiene ningún empacho ni ningún reparo en violar la Constitución General de la República y las leyes que de esta emanan, como en este caso las disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
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