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La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo vinculó el esquema de corrupción en contrataciones electorales con Somos México, el partido encabezado por Guadalupe Acosta Naranjo, al señalar que Juan Carlos Padilla Aguilar, antiguo jefe de uno de los empresarios investigados, participaba en esa organización junto con el expresidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello.
La Mandataria sostuvo que Padilla Aguilar fue quien incorporó al servicio público a los hermanos Hernández Casillas, cuyas empresas obtuvieron contratos electorales por más de 2 mil 740 millones de pesos entre 2015 y 2025, según la investigación presentada por el Gobierno federal.
Aseguró que esa red se fortaleció cuando Córdova presidió el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), órgano encargado de designar a los consejeros electorales estatales.
“Entonces, ¿de dónde salen estos contratistas? De ahí. ¿A dónde regresan esos contratistas? Ahí. ¿Dónde se vuelven fuertes estos contratistas? Del 2014 al 2023, con ese Consejo General del INE”, afirmó.
Sheinbaum señaló que Padilla Aguilar trabajó en gobiernos priistas y fue superior de José Alfredo Hernández Casillas en la Secretaría de Gobernación. Posteriormente participó en organizaciones políticas vinculadas con Acosta Naranjo hasta incorporarse a Somos México.
“Y, ¡oh, sorpresa!, hoy es uno de los militantes más destacados del partido Somos. ¿De quién es el partido Somos? De Lorenzo Córdova y todos ellos vinculados con Acosta”, sostuvo.
La Presidenta cuestionó que Córdova se deslindara de las contrataciones realizadas por los organismos públicos locales electorales (OPLE), pues recordó que, a partir de la reforma de 2014, el Consejo General del INE asumió la facultad de nombrar a sus consejeros.
“Él dice: ‘No, no fui yo, fueron los organismos electorales’. Sí, pero ¿quién nombró a esos consejeros electorales? Tú y todos los consejeros del INE del 2014 al 2023”, reprochó.
De acuerdo con la investigación expuesta por la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, la relación entre Padilla Aguilar y los Hernández Casillas se remontó a los años ochenta.
En ese periodo, José Alfredo trabajó como secretario particular de Padilla Aguilar en el Registro Nacional de Población e Identificación Personal de la Secretaría de Gobernación.
La presentación gubernamental señaló que, en 1989, Padilla Aguilar fue nombrado secretario general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y llevó consigo a Hernández Casillas, mientras su hermano Raymundo Francisco se incorporó al área de investigaciones.
Según los antecedentes exhibidos por Buenrostro, Padilla Aguilar ocupó posteriormente la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado de México durante el gobierno priista de Ignacio Pichardo Pagaza, entre 1989 y 1993.
La funcionaria explicó que los Hernández Casillas dejaron el servicio público y comenzaron a desarrollar negocios relacionados con la producción y comercialización de materiales electorales.
De acuerdo con la investigación, en 1999 Cartonera Plástica, empresa vinculada con José Alfredo Hernández Casillas, ya participaba como proveedora electoral en el Estado de México.
Buenrostro recordó que, en 2005, la compañía obtuvo un contrato por 63 millones 700 mil pesos del instituto electoral estatal.
Las denuncias por presuntas irregularidades y sobornos en esa adjudicación provocaron un escándalo que culminó con la renuncia de siete consejeros electorales, según lo expuesto por la secretaria.
La presentación del Gobierno también refirió que, en abril de 2017, el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, nombró a Padilla Aguilar delegado regional de esa dependencia para seis entidades.
Cinco años después, Padilla Aguilar encabezó en el Estado de México las actividades del Frente Cívico Nacional, organización impulsada, entre otros, por Acosta Naranjo y Emilio Álvarez Icaza Longoria.
La investigación gubernamental identificó a ese movimiento como antecedente de Somos México, partido político nacional que obtuvo su registro en junio de 2026 y reunió a antiguos dirigentes partidistas y exfuncionarios electorales.
De acuerdo con la información exhibida por Buenrostro, Padilla Aguilar participaba en esa organización, donde también se encontraban Córdova, Marco Antonio Baños Martínez y Edmundo Jacobo Molina.
La presentación identificó a Córdova como integrante del Consejo Consultivo Ciudadano; a Baños como representante suplente del partido ante el INE, y a Jacobo Molina como responsable de su Centro de Formación y Profesionalización Política.
La secretaria Anticorrupción informó que entre 2015 y 2023 las empresas vinculadas con los Hernández Casillas obtuvieron contratos por 2 mil 94 millones de pesos con 23 de los 32 organismos electorales estatales.
Entre 2024 y 2025, las empresas investigadas consiguieron otros 646 millones 300 mil pesos mediante contrataciones con 15 organismos locales, de acuerdo con las cifras presentadas por la funcionaria.
Buenrostro señaló que las compañías presuntamente simulaban competir entre sí en las licitaciones, utilizaban prestanombres y, en algunos casos, carecían de infraestructura, empleados y capacidad operativa.
También expuso posibles operaciones de lavado de dinero y vínculos con empresas factureras como parte de las irregularidades detectadas en la investigación gubernamental.
Por su parte, Sheinbaum sostuvo que el esquema no comenzó con Guadalupe Taddei Zavala y recordó que fue designada en 2014 titular del organismo electoral de Sonora por el Consejo General encabezado por Córdova.
La Presidenta señaló que, en 2023, Taddei llegó a la presidencia del INE mediante insaculación en la Cámara de Diputados, después de que las fuerzas políticas no alcanzaron la mayoría requerida para elegirla.
La Mandataria consideró que las investigaciones debían abarcar los años en que, según su señalamiento, se consolidaron las contrataciones, sin concentrarse exclusivamente en la administración de Taddei.
“Por eso, ¿de dónde sale todo este cochinero? Esta mafia electoral no surgió con Taddei. Nadie la defiende, si realizó un acto ilegal tiene que verlo la Auditoría Superior y la Fiscalía, de ella y de quien haya participado en la estructura del INE, pero no nació ahí”, expresó.
Sheinbaum sostuvo que correspondía a la Auditoría Superior de la Federación y a la Fiscalía General de la República determinar las responsabilidades por las contrataciones, mientras la Unidad de Inteligencia Financiera investigaba las operaciones de las empresas involucradas.
