La presidenta señaló que la pertenencia de los territorios continúa bajo revisión de la comisión bilateral entre México y Estados Unidos. La Cancillería advirtió que ningún gobierno estatal tiene facultades para modificar la frontera, cuyos límites están establecidos mediante tratados internacionales.
La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó el anuncio del gobierno de Texas sobre la supuesta propiedad estatal de nueve islas ubicadas en el río Bravo y consideró que el reclamo del gobernador Greg Abbott podría tener una intención electoral, debido a que la entidad estadounidense se encuentra en periodo de elecciones.
Durante su conferencia desde Palacio Nacional, la mandataria sostuvo que la situación territorial de estas superficies todavía no está resuelta y debe ser analizada por la comisión bilateral entre México y Estados Unidos, instancia encargada de revisar los límites fronterizos y determinar a qué territorio corresponden.
“Ellos pues están en elecciones y pretenden declarativamente decir que estas islas son parte ya de Texas, pero no. Es parte de la revisión que se hace de esta comisión”, expresó Sheinbaum.
La presidenta insistió en que el gobierno texano no puede establecer unilateralmente la pertenencia de esos territorios, pues se trata de un asunto que involucra los límites internacionales entre ambos países.
Texas anunció que nueve islas son propiedad estatal
La controversia surgió después de que Dawn Buckingham, comisionada de la Oficina General de Tierras de Texas, informara el pasado 26 de octubre que, tras una revisión, identificó nueve islas del río Bravo como propiedad del estado.
Los territorios fueron nombrados Nixon, La Bota, Tex Mex 2, McKendricks, Lost Boot, Clark, Zachary, Miller 1 y Miller 2.
De acuerdo con la funcionaria texana, la propiedad de estas superficies había permanecido incierta durante años, situación que, según su postura, dificultaba las labores de vigilancia, protección y administración.
Buckingham señaló que, tras la determinación anunciada por su oficina, las fuerzas de seguridad de Texas podrían acceder a esas pequeñas islas para realizar labores relacionadas con su protección.
Sin embargo, el anuncio abrió un debate sobre las facultades de las autoridades estatales para establecer la propiedad de territorios ubicados en una zona fronteriza internacional.
Sheinbaum señala que el movimiento del río debe ser considerado
La presidenta explicó que las características naturales del río Bravo deben tomarse en cuenta durante la revisión, debido a que el movimiento del agua puede modificar la configuración de las islas y los terrenos ubicados en sus márgenes.
Por ello, indicó que es necesario realizar mediciones y determinar de qué lado de la frontera se encuentran las superficies en disputa.
La revisión, sostuvo, corresponde a los mecanismos bilaterales establecidos entre México y Estados Unidos, no a una declaración unilateral del gobierno de Texas.
SRE advierte que ningún estado puede modificar la frontera
Ante el anuncio de las autoridades texanas, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) también fijó una postura y señaló que ningún gobierno estatal tiene atribuciones para determinar la soberanía sobre las islas o modificar los límites entre México y Estados Unidos.
La dependencia recordó que la frontera internacional está definida por criterios establecidos en tratados entre ambos países, por lo que las decisiones sobre su delimitación deben atender los procedimientos correspondientes.
“La frontera entre México y Estados Unidos no puede modificarse por decisión de un gobierno estatal. Sus límites se definen por criterios establecidos en un tratado internacional”, sostuvo la Cancillería.
De esta manera, tanto el Gobierno federal como la Presidencia señalaron que el anuncio de Texas no constituye una resolución definitiva sobre la soberanía de los territorios.
La disputa permanece bajo revisión bilateral
El punto central de la controversia es determinar la ubicación y pertenencia de las nueve islas, considerando las características geográficas del río Bravo y los acuerdos internacionales que establecen la frontera.
Mientras Texas sostiene que las superficies identificadas pertenecen a su territorio, el Gobierno mexicano mantiene que ninguna autoridad estatal estadounidense puede definir por sí sola la soberanía de esos espacios.
Por ahora, la situación continúa pendiente de la revisión bilateral. La determinación final deberá sustentarse en los criterios fronterizos y los mecanismos establecidos entre ambos países, sin que el anuncio de una autoridad estatal represente por sí mismo un cambio en los límites internacionales.
