La presidenta anunció que la Conagua y el gobierno de Pablo Lemus analizarán alternativas de financiamiento para atender la contaminación del agua en la zona metropolitana de Guadalajara. También cuestionó el uso de gases lacrimógenos y chorros de agua contra los manifestantes y pidió aclarar las detenciones registradas durante la protesta.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó su rechazo al esquema de financiamiento planteado por el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, para atender la crisis de contaminación y abastecimiento de agua, al considerar que podría abrir la puerta a la operación privada del servicio.
Durante su conferencia matutina de este lunes 12 de octubre, la mandataria señaló que su administración no está de acuerdo con respaldar un modelo que pueda derivar en la privatización del agua, por lo que anunció que se buscará una alternativa conjunta entre el gobierno federal y las autoridades estatales.
El pronunciamiento ocurre en medio de las protestas ciudadanas registradas en Guadalajara y otros puntos de la zona metropolitana, donde habitantes han exigido agua de calidad, explicaciones sobre la contaminación y soluciones que garanticen el acceso al recurso.
La controversia también se intensificó después de la movilización del domingo 11 de octubre frente a Casa Jalisco, donde policías utilizaron gases lacrimógenos y chorros de agua a presión para dispersar a los manifestantes. Sheinbaum pidió al gobernador explicar las razones de la intervención y aclarar lo ocurrido.
Conagua y Jalisco buscarán una alternativa de financiamiento
La presidenta explicó que el gobierno estatal presentó una propuesta para atender los problemas del suministro de agua; sin embargo, cuestionó el mecanismo financiero planteado debido a que, desde su perspectiva, podría conducir a que particulares participen en la operación del servicio.
“Hay esquemas de financiamiento que pueden llevar a la operación privada del agua. Entonces, eso es lo que nosotros tendríamos que discutir con él, esos esquemas de financiamiento”, señaló.
Sheinbaum indicó que estaba prevista una reunión entre representantes del gobierno de Jalisco y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para revisar las alternativas disponibles y encontrar una solución que permita enfrentar la contaminación sin recurrir a un modelo que implique privatizar el servicio.
“Nosotros lo que no estamos de acuerdo es apoyar la privatización de ningún servicio del agua y que en todo caso técnicamente resolvamos conjuntamente con recursos comunes el problema de la contaminación del agua en Jalisco”, insistió.
La postura presidencial coloca el financiamiento de la infraestructura hídrica en el centro de la discusión. El desafío consiste en definir cómo se pagarán las obras necesarias, quién será responsable de ejecutarlas y bajo qué condiciones se garantizará que el suministro continúe siendo un servicio público.
Hasta el momento de las declaraciones, el desacuerdo se centraba en el esquema financiero propuesto. La posibilidad de una privatización no debe confundirse con una decisión formal de privatizar el servicio, pues las alternativas todavía debían discutirse entre las autoridades.
Una crisis de agua que mantiene inconformes a los habitantes
La disputa política ocurre mientras habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara denuncian problemas con la calidad del agua que reciben en sus hogares.
Durante las últimas semanas, vecinos han reportado agua turbia, malos olores y sedimentos, situaciones que han provocado movilizaciones para exigir que las autoridades identifiquen las causas de la contaminación y garanticen el suministro de agua limpia.
Ante la magnitud del problema, el gobierno de Jalisco ha planteado medidas inmediatas para reducir el ingreso de agua contaminada al sistema de distribución, entre ellas disminuir el uso del suministro procedente de la presa Las Pintas y del sistema antiguo de Chapala.
De acuerdo con información publicada por La Jornada, la medida implicaría reducir el flujo disponible hasta en 2.5 metros cúbicos por segundo durante al menos seis meses, lo que podría afectar la cantidad de agua distribuida mientras se trabaja en alternativas para mejorar su calidad.
Como solución de largo plazo, Lemus también ha planteado la construcción de un acueducto sustituto Chapala-Guadalajara, cuya edificación tomaría aproximadamente dos años. El proyecto requiere definir el mecanismo de financiamiento y las responsabilidades de las autoridades participantes.
El gobernador ha sostenido públicamente que su propuesta no contempla privatizar el servicio ni aumentar las tarifas del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA). Esta postura contrasta con la preocupación expresada por Sheinbaum sobre los posibles efectos del esquema financiero y será uno de los puntos que deberán aclararse durante las conversaciones.
Sheinbaum condena el uso de la fuerza contra manifestantes
Además del desacuerdo sobre el financiamiento, la presidenta cuestionó la actuación policial durante la protesta del domingo frente a Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador.
Sheinbaum sostuvo que corresponde a las autoridades estatales explicar por qué se utilizaron gases lacrimógenos y chorros de agua a presión contra quienes se manifestaban para exigir una solución a la crisis hídrica.
“Nosotros no estamos de acuerdo con la represión”, afirmó la mandataria, quien defendió el derecho de la ciudadanía a realizar manifestaciones pacíficas y sostuvo que el diálogo debe ser la vía para atender las inconformidades.
Al mismo tiempo, señaló que las autoridades deben explicar lo sucedido durante la movilización y pidió que se eviten tanto la represión como los actos violentos en las protestas.
La intervención policial elevó la tensión entre los manifestantes y los cuerpos de seguridad. Según reportes periodísticos, la movilización reunió a miles de personas y terminó con detenciones y personas lesionadas, aunque las versiones sobre el desarrollo de los enfrentamientos y las responsabilidades continúan siendo motivo de controversia.
Piden aclarar las detenciones y justificar el operativo
La mandataria también pidió al gobierno de Jalisco informar sobre las personas detenidas y explicar las razones que motivaron el uso de los recursos policiales durante la manifestación.
El tema resulta relevante porque, además de exigir agua limpia, los participantes buscan respuestas sobre la actuación de los agentes y las condiciones en las que se realizaron las detenciones.
Por ello, la explicación de las autoridades estatales deberá precisar las circunstancias del operativo, el número de personas detenidas, su situación jurídica y las medidas adoptadas para investigar posibles abusos, en caso de que existan denuncias.
La información pública sobre estos hechos también será importante para establecer responsabilidades individuales y distinguir entre las acciones de quienes participaron en la movilización y las decisiones tomadas por los cuerpos de seguridad.
Sheinbaum señaló que el gobernador Pablo Lemus debe explicar lo sucedido. Hasta el momento referido en sus declaraciones, no presentó una conclusión sobre la legalidad de cada detención ni atribuyó responsabilidades individuales.
El reto de alcanzar una solución sin privatizar el servicio
La reunión entre el gobierno de Jalisco y la Conagua representa un paso para buscar una salida técnica y financiera a la crisis, aunque todavía será necesario conocer qué alternativas se pondrán sobre la mesa y cuáles recibirán respaldo de ambas administraciones.
La discusión no se limita al financiamiento de un acueducto: también involucra la calidad del agua, la continuidad del suministro, la transparencia en el uso de los recursos públicos y las garantías para que la población tenga acceso a un servicio adecuado.
Mientras las autoridades revisan las opciones, los habitantes de Guadalajara y municipios cercanos continúan exigiendo respuestas concretas sobre el origen de la contaminación y los plazos para resolverla.
El gobierno federal ha expresado su disposición a colaborar, pero mantiene su rechazo a un esquema que considere susceptible de privatizar el servicio. Por su parte, la administración estatal deberá explicar las características de su propuesta y demostrar cómo pretende garantizar el acceso al agua sin trasladar costos adicionales a la población.
A la par, las autoridades de Jalisco tienen pendiente esclarecer la actuación policial durante la protesta y ofrecer información clara sobre las detenciones.
La salida de la crisis dependerá de que las negociaciones se traduzcan en medidas verificables para mejorar la calidad del agua, asegurar su distribución y atender las exigencias ciudadanas, al tiempo que se aclaren los hechos ocurridos frente a Casa Jalisco.
