#JaimeGUERRERO
El gobierno federal evalúa si la segunda etapa de la elección del poder judicial federal se celebra en 2027 o se pospone a 2028, luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) advirtiera que las casillas para elegir jueces y las del proceso ordinario deberán instalarse en lugares distintos, lo que encarece la operación y complica la participación ciudadana.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que la decisión se tomará a más tardar el próximo lunes o martes, cuando el Ejecutivo envíe una propuesta formal al Congreso para modificar el calendario electoral.
“Lo estamos analizando, tiene sus pros y sus contras”, dijo la mandataria este viernes, al detallar que la ventaja de mantener la elección judicial en 2027 es aprovechar la infraestructura ya desplegada para los comicios ordinarios.
Sin embargo, precisó que la experiencia en Veracruz —donde coincidieron la elección judicial y la de presidentes municipales— mostró que las casillas fueron distintas y se requirió doble contratación de capacitadores electorales, lo que reduce el ahorro esperado.
Sheinbaum agregó que trasladar la jornada a 2028 también tiene una ventaja para el electorado: en 2027 la boleta ya será larga, pues incluirá presidencias municipales, diputaciones locales, diputaciones federales y, en el caso de Colima, gubernatura.
Sumar la papeleta judicial representaría una carga adicional para los votantes.
La reforma constitucional que se enviará al Congreso contempla, además, flexibilizar el calendario de la revocación de mandato.
Actualmente, la Constitución fija ese ejercicio para 2028; la propuesta buscaría que pueda realizarse en 2027 o en 2028, según lo determinen las condiciones logísticas y presupuestales.
“Estamos en esa definición; es un asunto de recursos y de conveniencia para el ciudadano”, resumió la presidenta, quien reservó su posición personal a la espera del dictamen definitivo del INE sobre los costos de cada escenario.
