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Jaime GUERRERO
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consideró innecesario que las víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, contraten bufetes de abogados privados para interponer denuncias adicionales.
Aunque reconoció que las víctimas tienen derecho a acercarse a un bufete de abogados si así lo desean, la mandataria explicó que considera innecesaria esta medida por dos razones fundamentales.
En primer lugar, Sheinbaum Pardo informó que la Fiscalía General de la República (FGR) ya abrió de oficio una carpeta de investigación derivada del accidente ferroviario, que dejó un saldo de 14 personas fallecidas y múltiples heridos. Indicó que cualquier denuncia adicional que se presente se sumará automáticamente a esta investigación en curso, siguiendo el procedimiento habitual de las fiscalías del país.
“Aunque se presenten otras carpetas de investigación, van a tener las conclusiones que emita la carpeta de investigación que ya se abrió”, señaló la presidenta.
Explicó que este mecanismo garantiza que todos los afectados sean incluidos en el mismo proceso judicial.
El segundo argumento de la jefa del Ejecutivo se centró en la protección de las víctimas frente a prácticas que considera cuestionables por parte de algunos despachos legales.
Sheinbaum Pardo, advirtió que ciertos bufetes se acercan a las víctimas ofreciendo servicios gratuitos, pero terminan quedándose con un porcentaje de la reparación integral del daño.
“Muchas veces se acercan algunos bufetes de abogados con la idea de conseguir dinero para ellos. Les dicen a las víctimas que no les van a cobrar nada, pero al final se llevan un porcentaje de la reparación integral del daño”, expuso Sheinbaum Pardo.
La presidenta aseguró que el gobierno se compromete a garantizar la reparación integral del daño a todas las víctimas, y que la Fiscalía determinará las condiciones de esta reparación conforme a protocolos internacionales y a la Ley General de Víctimas vigente en México.
La reparación integral del daño a la que hace referencia la presidenta es un derecho constitucional de las víctimas de delitos en México, que incluye la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, según establece la Ley General de Víctimas publicada en 2013.
Una familia de misioneros originaria de Ciudad Juárez, Chihuahua, presentó este lunes una denuncia ante la Fiscalía General de la República por las lesiones sufridas durante el descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido el 28 de diciembre , convirtiéndose en parte de una acción legal colectiva que busca deslindar responsabilidades penales por una de las tragedias ferroviarias más graves del país en años recientes.
La familia afectada, integrada por Juan Manuel Iglesias López, su esposa Flor del Carmen Temich Sinta y su hijo Alexis Iglesias Temich, viajaba en el vagón que cayó al fondo de un barranco cuando el tren se descarriló a las 9:28 horas entre las localidades de Nizanda y Chivela en Oaxaca.
El accidente dejó 14 personas fallecidas y 109 heridos , según el balance oficial actualizado tras el fallecimiento de Hilda Alcántara, una mujer de 73 años que había sido hospitalizada .
El abogado Adrián Arellano, del despacho Vega Mac Gregor Arellano que representa a las víctimas, explicó que la denuncia está dirigida contra funcionarios públicos que no supervisaron correctamente la construcción y contra empresas contratistas que fueron omisas.
Las compañías señaladas son COMSA Infraestructuras, Grupo Constructor Diamante y Daniferrotools, empresas que ya fueron señaladas por la Auditoría Superior de la Federación por la falta de evidencia de que realizaron los trabajos para los cuales fueron contratadas.
