Por bien de todos, como dijera hace seis años López Obrador es urgente evitar excesos en las protestas masivas que forzarían –o darían pretexto a– la represión, pues nadie sabe hasta dónde puede llevarnos este camino. Si, por ejemplo, al bloquear las instalaciones de Televisa, algunos participantes o provocadores causan daños materiales o agreden a personas, podría iniciarse una escalada en espiral de violencia que las autoridades federales y capitalinas deberían contener, ya no sólo con cordones policiacos sino con el uso directo de la fuerza.
A partir de ese momento, como ocurrió en 1968, los distintos bandos, incluida la fuerza pública, se saldrían de control y se iniciaría una espiral de violencia rebasaría a las instituciones. Grupos como el EPR, que recientemente le “tomó la palabra” a los estudiantes de la Ibero, tendrían condiciones óptimas para movilizarse y los más intolerantes dentro de los gobiernos federal y de la ciudad, actuarían en consecuencia. La frágil democracia, que tanto tiempo y esfuerzo nos ha llevado construir, quedaría como un paréntesis en la historia de una clase política incapaz de dirimir sus diferencias por medios civilizados.
El antídoto es el respeto a la ley y a las instituciones. Tienen derecho López Obrador y el Movimiento Progresista a impugnar el proceso electoral y celebro que hasta ahora lo hayan hecho por la vía legal y presentado sus pruebas en las instancias competentes. A falta de elementos para anular la elección presidencial pretenden que el TEPJF la invalide –sólo esa, no las de diputados y senadores– porque, afirman, el PRI violó el segundo párrafo del artículo 41 constitucional, que dispone que las elecciones serán “libres, auténticas y periódicas”.
Pero si han de respetar la ley, López Obrador y el Movimiento Progresista, tendrán que aceptar la resolución del Tribunal que, en el orden jurídico nacional, es la última instancia en materia electoral y sus fallos son inapelables. Si, por el contrario, condicionan la aceptación a que el dictamen les sea favorable, su respeto a la ley perdería todo mérito.
No soy optimista a este respecto. En ejercicio de su derecho a la libre expresión, López Obrador y algunos de suscolaboradores han injuriado a consejeros del IFE y magistrados del TEPJF y descalificado a ambas instituciones. Al hacerlo, no violan la letra de ninguna ley, pero debilitan a las instituciones, restan prestigio y autoridad moral a los funcionarios y exacerban la furia de más de 15 millones de ciudadanos que votaron por AMLO. Peor aún, favorecen la crispación social en que se dio la reunión de Atenco, y que incluyó desde grupos juveniles y sociales pacíficos hasta los proclives a la violencia, como el SME, la sección XXII de la CNTE y otros.
López Obrador y el Movimiento Progresista deberían seguir su propio consejo: serenarse y respaldar sus reclamos con pruebas de validez legal. De su reacción al fallo del TEPJF, que previsiblemente declarará válidas las elecciones y presidente electo a Enrique Peña Nieto, depende que no se desate la violencia y la represión, que es lo que menos que necesita un país acuciado ya por la violencia criminal, la delincuencia que ha rebasado al Estado, la pobreza o el desempleo.
Para agravar esos problemas que nos aguijonean a diario, se prevén alzas generalizadas de precios de los alimentosprovocadas tanto por la sequía en México y el mundo, que ya ha provocado el encarecimiento del maíz en Estados Unidos, como por la mayor demanda de alimentos en China e India y los movimientos especulativos en los mercados mundiales de productos agrícolas.
Estos no son problemas de Enrique Peña Nieto, sino del país, de todos: los que votamos por él y los que votaron por López Obrador, Vázquez Mota, Quadri y los que no votaron. Son problemas que afectan más a quienes viven en zonas laceradas por la violencia, el secuestro, la extorsión el homicidio. Son problemas que lastiman más a los pobres –la mitad de la población– y a las clases medias –otro 35 o 40 por ciento–, pero también a las pequeñas y medianas empresas e incluso a las grandes, sobre todo si se considera la dependencia económica de México respecto a Estados Unidos y la interdependencia en la globalidad, cuando Europa está naufragando.
Estos son los problemas que deberíamos encarar, con nuevas y más eficaces soluciones, todos los mexicanos, cada uno en su lugar y función, y que debería adoptar el próximo gobierno como ejes del Plan Nacional de Desarrollo. Son los problemas cuya solución requiere el “gobierno eficaz” que propone Peña Nieto para avanzar hacia la “democracia de resultados”.
Que hubo irregularidades en las elecciones, sin duda. Que las cometieron todos los partidos políticos, también es cierto, que existen denuncias y pruebas de algunas, es evidente, y que las autoridades deben sancionar a los responsables con apego riguroso a derecho, es indiscutible. Pero si alguna consecuencia debería tener todo esto, es continuar enmendando las leyes en un proceso de aproximaciones sucesivas como el que nos llevó a la democracia actual. Lo que no es justificable es fomentar la crispación, bloquear el cambio de gobierno y obstruir el diálogo y la construcción de acuerdos para gobernar.
