México.- Durante los tres primeros años de gobierno de Felipe Calderón, el número de presos por delitos relacionados con las drogas llegó a 226 mil 667 pero sólo 4 por ciento ha recibido sentencia, revela el estudio Sistemas sobrecargados: leyes contra las drogas y prisiones en Latinoamérica de la Oficina en Washington para América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés).
La detención se concentra en portadores de pequeñas cantidades de droga y narcomenudistas, que “representan un papel menor en el tráfico de drogas” y significa una de las consecuencias más perjudiciales en la “crisis de seguridad en México”.
Esto porque provoca sobrepoblación en las cárceles, “ya en un estado crítico”, y afectaciones sociales, pues muchos de los detenidos son inocentes. Además, los centros de reclusión son una “escuela” para seguir delinquiendo, toda vez que los internos son atraídos por bandas criminales o hasta forman su propia “empresa”.
Según el análisis, el número total de presos en las cárceles casi se duplicó. Pasó de 128 mil 902 en 1998 a 219 mil 752 en 2008 y sólo en los primeros años de la administración calderonista, durante la llamada guerra contra el narco, se incrementó aún más.
La cifra superó los 226 mil reclusos y de ellos sólo 51 mil 282 (22 por ciento) son procesados y 4 por ciento purga una sentencia. “Esto sugiere que un gran número de personas inocentes son detenidas y revela una falta de investigación para llegar a la sentencia”.
El estudio explica que existe un nivel de violencia “inaceptable” en el país, pero en el combate al narco los detenidos son vendedores a pequeña escala o los usuarios que son “los sectores más vulnerables de la sociedad”.
Se destaca el caso de Jalisco por ser la entidad con el mayor número de reclusos; Chihuahua, por ser un caso emblemático en el tráfico de drogas, y el Distrito Federal, que concentra la mayor población en el país.
Jalisco tiene estadísticas “alarmantes”: de los 43 mil 153 detenidos, sólo 3 mil 500 fueron procesados y 2 mil 173 tienen condena. La posesión de mariguana es el delito de mayor incidencia, seguido por la portación de cocaína y narcomenudistas.
El daño a la sociedad por una persona en la cárcel es mayor a su intento por vender drogas, toda vez que “se deja sin ingresos a la familia del preso”.
Las mujeres también han sido cooptadas por la delincuencia organizada, pero a diferencia de los hombres, ellas se vuelven mulas, es decir, transportan droga en su cuerpo, lo que representa “el último eslabón en la cadena del narcotráfico”.
La razón para participar en el negocio ilícito, también con pequeñas cantidades, es para mantener a sus hijos y “sacarlos de la pobreza” y otras más
son engañadas.
El estudio incluye análisis sobre Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y México, este último a cargo de Ana Paula Hernández, socióloga y especialista sobre la legislación en torno a las drogas y fundadora del Colectivo por una Política Integral hacia las Drogas.
