Diana Mendez
El Observatorio Ciudadano Comunitario del Agua y Medio Ambiente de los Valles Centrales de Oaxaca (OCCAMA) expresó su preocupación ante la reactivación del proyecto hidráulico conocido como “Presa Margarita Maza”, promovido por autoridades estatales y federales como solución al problema de abasto de agua en la Zona Metropolitana de Oaxaca.
De acuerdo con el Observatorio, esta iniciativa —anteriormente llamada “Paso Ancho”— presenta graves omisiones técnicas, ambientales, sociales y legales. Entre los principales cuestionamientos destaca la falta de transparencia y consulta pública en el diseño e inicio del proyecto, además de contradicciones entre las cifras e información ofrecida por distintas instancias gubernamentales.
El proyecto contempla la construcción de una presa, un acueducto de más de 100 kilómetros, una planta potabilizadora y redes de distribución, con una inversión estimada en más de 7 mil 800 millones de pesos, cifra que contrasta con los 4 mil 600 millones anunciados previamente por la Comisión Nacional del Agua. Según OCCAMA, la obra fue adjudicada de forma directa a la empresa FRO Ingenieros para la elaboración de los estudios técnicos y de anteproyecto, sin evidencia de que se haya cumplido con los requisitos legales, como la Manifestación de Impacto Ambiental o la consulta previa, libre e informada a las comunidades potencialmente afectadas.
La organización ciudadana sostiene que el gobierno estatal ha intentado avanzar en el proyecto sin un análisis público de costo-beneficio ni un diálogo real con los pueblos originarios y actores sociales involucrados, lo que despierta sospechas sobre la viabilidad técnica, la justificación económica y los impactos socioambientales del megaproyecto.
Desde su creación, el OCCAMA ha promovido alternativas sustentables basadas en la conservación de los ecosistemas, la recarga de acuíferos y el fortalecimiento de la gobernanza comunitaria del agua. Rechaza que se impulse una obra de gran escala sin antes haber reparado las redes urbanas de distribución, que actualmente desperdician cerca del 50% del agua disponible, ni haber considerado propuestas viables ya implementadas en comunidades, como cosecha de lluvia, riego eficiente, revegetación y saneamiento ecológico.
El Observatorio recordó que la presidenta Claudia Sheinbaum ha subrayado públicamente la obligación de realizar estudios previos y consultas adecuadas cuando se trata de proyectos que impactan territorios indígenas. Sin embargo, hasta ahora no se ha informado de forma clara y oficial a las comunidades involucradas en la zona donde se planea la presa, ni a aquellas por donde pasaría el acueducto o se ubicaría la planta potabilizadora.
Finalmente, OCCAMA hizo un llamado a las autoridades estatales y federales para abrir un proceso de diálogo transparente, garantizar el acceso a la información pública y considerar enfoques sostenibles para el manejo del agua, en cumplimiento de los marcos legales nacionales e internacionales, como el artículo segundo constitucional y el Acuerdo de Escazú.
