Para organizaciones civiles, la exigencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de obtener 4 mil 500 plazas para venderlas confirma que es un grupo delictivo dedicada a la extorsión.
Representantes de asociaciones a favor de la educación advirtieron que el Gobierno federal no puede ceder a las peticiones de esa disidencia, pues sería cómplice de la ilegalidad.
David Calderón, director general de Mexicanos Primero, afirmó que no sorprenden las exigencias de la CNTE, pues es una organización de vividores, cuyos líderes se quedan con grandes ganancias económicas.
“La CNTE es una organización delictiva dedicada a la extorsión en gran escala, y le resulta bastante bien. Si la evaluación se detuvo por presión de esta organización, el Gobierno está haciendo más grande el problema y se convertirán (de cumplir sus exigencias) en cómplices involuntarios del chantaje criminal de la Coordinadora”, señaló.
Marco Fernández, representante de México Evalúa, aseguró que los Gobiernos han cedido desde hace años a todas las demandas de la CNTE, pisoteando la ley.
Ahora, consideró, pareciera que el Gobierno tiene una “ilusión efímera” al pensar que cediendo a la presión de esa agrupación se terminará la violencia que está generando.
Enrique Cárdenas, del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), consideró que al Gobierno le saldrá muy costoso frenar la evaluación docente por una “estupidez” de la Coordinadora.
REFORMA publicó hoy que la CNTE exige al Gobierno federal que le otorgue 4 mil 500 plazas de maestros para posteriormente venderlas hasta en 300 mil pesos.
Un documento elaborado en Oaxaca advierte que la dirigencia nacional de la Sección 22 de Oaxaca vende plazas de profesores, según la ubicación de las mismas, entre 120 mil y 300 mil pesos. Las horas de clases en secundaria se venden, dependiendo de la zona, en entre 20 mil y 40 mil pesos.
