El Senado aprobó modificaciones a 13 artículos de la Constitución en relación con seguridad privada, lenguas nacionales, justicia cívica, desaparición de partidas secretas y acciones de inconstitucionalidad.
Sobre partidas secretas, con 94 votos a favor modificaron el artículo 74 de la Carta Magna para eliminarlas del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).
En la exposición de motivos de la minuta se menciona que se busca eliminar las llamadas partidas secretas, las cuales fueron creadas en 1917, pues se han considerado que estas sirves de “caja negra”, en donde se depositan recursos de ingresos federales para ser gastado discrecionalmente por parte del Presidente del país y que le permite autorizar el incremento de gastos ya presupuestados o crear nuevas erogaciones no previstas.
La senadora por el PAN Indira Rosales señaló que en 1995 fue la última ocasión que se destinaron recursos a esa partida, por lo que de 1983 a ese año se ejercieron 26 mil millones de pesos, “cuyo destino desconocemos”, y a partir de 2000, aseguró, desapareció del PEF.
También con 94 a favor modificaron los artículos 5, 17 y 21 de la Constitución para incorporar la justicia cívica como un instrumento primario para la prevención del delito, para el mantenimiento de la convivencia armónica, la preservación del orden y la tranquilidad en la sociedad.
Se menciona que la autoridad administrativa será la responsable de imponer las sanciones correspondientes en la materia, mismas que estarán contenidas en la Ley y no podrán consistir en penas privativas de la libertad, salvo el arresto hasta por 36 horas”.
Con ello se establece que la justicia cívica consistirá en amonestación, multa, reparación del daño y arresto de hasta por 36 horas o trabajo a favor de la comunidad, el cual no deberá conmutarse por multa.
Además avalaron con 83 votos a favor, siete en contra y una abstención, reformas al artículo 105 en relación con acciones de inconstitucionalidad.
Estas modificaciones señalan que los diputados y senadores podrán presentar acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no sólo en contra de leyes federales, sino de adiciones o reformas a las constituciones estatales.
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