A partir de su mayoría absoluta en el Senado, Morena y sus aliados rompieron el Estado de derecho al modificar una ley específicamente para permitir que el escritor naturalizadomexicano Paco Ignacio Taibo II pudiera ser director del Fondo de Cultura Económica, cargo reservado por ministerio de ley para mexicanos por nacimiento.
El problema fue la señal de torcer las leyes para ajustarlas a las decisiones del nuevo poder en el gobierno. Pese a su presupuesto y espacio, el FCE es un cargo menor, en el pasado reservado como consolación para políticos sacados de los primeros niveles. El bajo nivel de lectura y las muchas editoriales le quitaron al Estado el papel de los libros como aparatos ideológicos del sistema.
Sin embargo, el procedimiento legislativo de imponer una mayoría para fabricar una ley para una persona dejó pistas inquietantes sobre la forma de legislar de Morena y sus partidos satélites. Como sastrería del régimen, el poder legislativo morenista seguirá haciendo trajes a la medida de la nueva oligarquía gobernante.
La creación de la #LeyTaiboII rompió el Estado de derecho. De acuerdo con el maestro Andrés Serra Rojas –jurista y teórico de ciencia política– en su Derecho Administrativo, “el concepto de ley se reduce a un acto jurídico creador de situaciones jurídicas generales, abstractas e impersonales”, no, como ocurrió con la #LeyTaiboII una ley sólo para una persona.
La ley como fuente del derecho establece restricciones estrictas para impedir el voluntarismo legal de dictadores que hacen leyes a la medida de sus intereses. Las tres características de las leyes –generales, abstractas, impersonales– permiten una norma jurídica para regular el funcionamiento de la sociedad. Es posible que la restricción de nacionalidad en el caso del FCE haya sido una aberración, pero la forma de modificar la ley no se hizo en estricto sentido del derecho sino en función de beneficiar a Taibo II.
La cita de Serra Rojas aparece en un voto del pleno de la Corte en 2007 para sobreseer una acción de inconstitucionalidad sobre un decreto del gobierno de Jalisco, de acuerdo con el Semanario Judicial de la Federación tomo XXV de febrero de 2007. En su razonamiento, el pleno de la Corte resolvió la inconstitucionalidad de un decreto por los siguientes criterios:
“Acto legislativo es aquel mediante el cual se crean normas generales, abstractas e impersonales. La ley refiere un número indeterminado e indeterminable de casos y va dirigida a una pluralidad de personas indeterminadas e indeterminables”.
Al ser asunto de una persona, el caso Taibo II debió haber caído en el terreno de un “acto administrativo”. Sin embargó, la ley es general y por tanto debió haber sido discutida con mayor amplitud. La prisa por procesar el nombramiento de Taibo II realizado por el presidente electo López Obrador con pleno desconocimiento de las restricciones legales terminó procesado como un acto de autoritarismo presidencialista-legislativo de fabricación de una reforma legal para beneficiar a una persona.
El mensaje que dejó el caso Taibo II en el corredor ejecutivo-legislativo está siendo procesado con preocupación por la forma en que decisiones voluntaristas destruyen el Estado de derecho con el uso de la mayoría legislativa morenista. El Estado de derecho es una de las partes fundamentales del modelo moderno de la calidad de la democracia, en donde el poder público se somete a las reglas legales para cumplirlas o para modificarlas con procedimientos plurales.
El Senado del doctor en derecho Ricardo Monreal Avila convirtió un acto administrativoen un acto legislativo haciendo una ley particular para Taibo II. Lo de menos es que se hubiera tratado de una restricción nacionalista disfuncional. El caso fue que se reformó una ley para una persona. Lo democrático hubiera sido primero reformar la ley y luego hacer el nombramiento; al transitarse al revés, habrá una ilegitimidad jurídica dañina a los compromisos democráticos de López Obrador. O, de manera más sencilla, hubiera nombrado a Taibo II para otro puesto y no atropellar al Estado de Derecho.
Sinaloa. Quizá el único gobernador priísta que ha logrado sobrevivir después de la debacle del PRI el pasado 1 de julio, Quirino Ordaz dio cuenta en su segundo informe de gobierno de sus acciones de política social que –oh sorpresa– apenas se localizan en el escenario de las ofertas de López Obrador, aunque el sinaloense las fijó desde su campaña hace tres años. Y Ordaz operó desde el inicio el fin de la tenencia vehicular, mayor fuerza de la auditoría superior fiscalizadora y un sistema anticorrupción. También antes de AMLO, redujo el número de diputados y de síndicos municipales. Mientras, el PRI se hace bolas con la agenda lopezobradorista.
Política para dummies: La política es la habilidad para esconder los secretos del poder, no para ejercerlo atropellando a todos.
PRECISION. En columna de ayer se dijo que un hijo de Ricardo Monreal trabajó con Alejandro Murat en INFONAVIT. Fue la hija de Monreal quien laboró como subdirectora.
