MÉXICO, D.F. A diferencia de la legislatura oaxaqueña en materia de participación ciudadana, la legislación secundaria federal relativa a la iniciativa ciudadana y preferente, aprobadas hoy en el Senado de la República, es una legislación diseñada para obstaculizar a toda costa el ejercicio del derecho del ciudadano a presentar iniciativas, acusó el senador del PRD Benjamín Robles Montoya.
Y es que dijo que mientras en Oaxaca -estado al que representa- por mandato constitucional un ciudadano tiene el derecho de presentar iniciativas por sí sólo, en la legislación federal, aprobada este martes, las iniciativas ciudadanas tienen que ir acompañadas por más 100 mil firmas, que tienen que ser certificadas por el aún no naciente Instituto Nacional de Elecciones.
“La manera en que el Congreso de la Unión está convirtiendo el ejercicio del derecho de iniciativa ciudadana en un molesto y tedioso trámite burocrático lleno de formalidades sin sentido. Esta no es una legislación de vanguardia, sino una legislación diseñada para obstaculizar a toda costa el ejercicio del derecho del ciudadano a presentar iniciativas. Y para garantizar su obstaculización, el inalcanzable porcentaje de la lista nominal fue establecido, ni más ni menos, a nivel constitucional”, reprochó el legislador federal.
En ese sentido dijo que es incomprensible que con mecanismos tan sencillos y accesibles como el previsto en la legislación oaxaqueña, para cuya regulación solamente hizo falta un solo artículo, en el Congreso de la Unión se haya optado por establecer un procedimiento burocrático y engorroso, que obstaculiza al ciudadano el ejercicio de este derecho al exigirle el respaldo del 0.13 por ciento de la lista nominal de electores, que son algo así como cien mil quinientos ciudadanos, incluyendo clave de elector, designación de un representante y señalar en la parte superior de cada hoja el nombre del proyecto de decreto.
Pero eso no es todo, porque después de lo cual, dijo, se remitirá al Instituto Nacional Electoral para que verifique en un plazo de 30 días que las firmas recabadas constituyan el porcentaje requerido de la lista, coteje los nombres de los firmantes, realice un muestreo para verificar la autenticidad de las firmas y en su caso dé vista para subsanar las deficiencias, sin mencionar que en caso de que determine que no se cumple con el porcentaje, el ciudadano podrá impugnar ante el Tribunal Electoral.
“¡Vaya menosprecio por los ciudadanos!”- Exclamó el senador Benjamín Robles y advirtió que nadie se diga sorprendido del repudio de los ciudadanos hacia sus representantes, ni nadie se llene la boca enalteciendo la democracia y propugnando demagógicamente por derechos ciudadanos, a los que en los hechos menosprecia.
