La niñez recordará esto como un tiempo de guerra, tiene su ADN tatuado de balas y fusiles y sangre, y esta es una forma de asesinar el mañana. Somos homicidas de nuestro propio futuro.
Javier Valdez Cárdenas, periodista y escritor especializado en temas de narcotráfico y crimen organizado (1967-2017). **
De los problemas a los que hoy se enfrenta el Estado en los tres niveles de gobierno, el de seguridad pública se ha tornado prioritario –considerado por los especialistas como garantía indispensable para el buen desarrollo de toda sociedad y de cualquier Estado que se considere democrático-, no sólo por las acciones implementadas contra el crimen organizado, sino por las adoptadas por las organizaciones criminales entre sí.
El estudio de Conflictos Armados del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Reino Unido (Armed Conflict Survey 2017), coloca a México como el páis con el segundo conflicto más letal -con 23,000 homicidios-, sólo después de Siria -país en guerra-.
De acuerdo con la información contenida en la página web del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México:
- México ocupa el noveno lugar en América Latina, con una tasa de 21,5 homicidios por cada 100 mil habitantes. Es equivalente al número de homicidios en toda Europa en un solo año.
- En el 2014 la tasa de asesinatos fue de 16 por cada 100 mil habitantes.
- En el primer semestre del 2015 la incidencia delictiva fue de un millón 300 delitos.
- Se estima que el costo nacional a consecuencia de la inseguridad y el delito en 2012 fue de 215 mil 200 millones de pesos.
- 63 de cada 100 mujeres mayores de 15 años han experimentado violencia en algún momento de su vida.
La falta de credibilidad de la ciudadanía hacia las instituciones públicas se agudiza, cuando del exterior deviene la información que deberían otorgar las autoridades responsables, y más aún, cuando se pretende demeritar por parte de los servidores públicos los estudios, bajo el argumento de que se desconoce la metodología aplicada para la obtención del resultado.
El artículo 21 de nuestra Carta Magna -de numeral similar en la Constitución Política del Estado de Oaxaca- define a la seguridad pública de la siguiente manera: “La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala…”
Corresponde al Congreso de la Unión y al Congreso Local la facultad para expedir leyes que establezcan las bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios, así como para establecer y organizar a las instituciones de seguridad pública, pero es facultad exclusiva del Senado de la República aprobar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública .
Los Municipios tienen a su cargo la seguridad pública, en los términos del artículo 21 de la Constitución del Estado de Oaxaca– a través de la policía preventiva municipal y tránsito-; acatando las órdenes que el gobernador del estado le transmita en aquellos casos que éste juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden público.
Kaldor (2011) considera que “La tarea del estado era defender el territorio contra otros, y tal quehacer dotaba de legitimidad al estado. Protego ergo obligo (protejo luego soy obedecido.” (p.16)
Estrada (2013) resalta que el Estado es un instrumento destinado a garantizar la seguridad de los individuos; la protección de la vida, de los derechos humanos y de las propiedades, bajo lo cual justifica el monopolio que ejerce sobre el uso legítimo de la fuerza. Por lo tanto, cuando el Estado no cumple con esta función primordial su legitimidad se ve erosionada… (p.367)
De las etapas que conforman la seguridad pública como son la prevención de los delitos; la investigación; persecución y; sanción, es posible que como ciudadanos podamos participar de forma activa en la primera, es decir, en la prevención de los delitos desde nuestras familias, aportando en la investigación, si fuese necesario, para que las autoridades puedan perseguir y sancionar a los responsables, aunque para ello se requiere credibilidad en el gobierno.
La responsabilidad de los servidores públicos en el tema de seguridad pública no permite interpretación. La Constitución Federal y la propia del Estado son estrictas en los responsables y sus facultades.
El objetivo de la seguridad, no se limita a caminar por la calle seguros, se trata de alcanzar la seguridad humana (ONU, 2005), el vivir libres del temor, de que todas las personas podramos disfrutar de los derechos y garantizar un desarrollo pleno.
Ante las circunstancias, se requiere de coordinación de los diferentes niveles de gobierno, no sólo en las acciones, sino en la planeación, ejecución y evaluación de los resultados, el intercambio de información y profesionalización constante de los servidores públicos operativos en los diferentes de niveles.
A la vez, garantizar el acceso a la justicia para todos, pero modificando su fin para que no se perciba como un logro la atención e investigación de los delitos; fortalecer las instituciones y crear las necesarias, adecuando el marco normativo a la realidad social, brindando las herramientas y evaluando los resultados.
No se trata sólo de que los servidores públicos cumplan con el mandato constitucional, debemos participar activamente educando para la paz, a los niños y las niñas para que no aprecien normal la violencia a su alrededor, debemos provocar acciones colectivas en pro de la seguridad y no restricciones racionales que permeen la inseguridad.
(*) El autor es egresado de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO), el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y realiza estudios de Análisis Político en el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE).
**Extracto del discurso emitido por Javier Valdez en la recepción del Premio Internacional de la Libertad de Prensa (Septiembre, 2011), quien fue asesinado el 15 de mayo del 2017.
Correo Electrónico: adancordovatrujillo@gmail.com
Referencias Bibliográficas:
- Estrada, J. L.(2013) Democracia, Estado y seguridad ciudadana. Descripción teórica sobre la ruptura en el paradigma del Estado como garante exclusivo de la seguridad. alegatos, núm. 84. Recuperado el 25 de mayo de 2017, de http://132.248.9.34/hevila/Alegatos/2013/no84/2.pdf
- Iiss (2017) armed conflict survey 2017. Recuperado el 20 de mayo de 2017, de
- Kaldor Mary (2011) El poder y la fuerza. La seguridad de la población civil en un mundo global. (1ª ed.) México: Tusquets editores.
- ONU (2015) La seguridad humana en las naciones unidas. Recuperado el 23 de mayo de 2017 de http://www.un.org/humansecurity/sites/www.un.org.humansecurity/files/untfhs_booklet_-pdf
- ORG (s.f.) Recuperado el 20 de mayo de 2017 de http://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/post-2015/sdg-overview/goal-16.html
