Las matanzas en Guanajuato, Morelos y Veracruz no pueden responsabilizarse al sexenio anterior, sino que fueron producto de una desordenada estrategia nacional de seguridad pública del nuevo gobierno. Toda la atención se ha centrado en la organización de la Guardia Nacional, sin que se vea algo concreto en uno de los ejes de la estrategia: la creación del Sistema Nacional de Inteligencia.
Aún si hubiera cierta malicia criminal en funcionarios del pasado para organizar ataques masivos como los perpetrados en estos cuatro meses, lo mejor hubiera sido señalar con pruebas a los responsables. Si Enrique Peña Nieto seguirá cargando toda su vida el fardode los 43 normalistas de Ayotzinapa por un error grave de inteligencia, culparlo de la masacre de Minatitlán suena a justificación malvada.
Toda estrategia de seguridad se basa en tres pivotes: la organización policiaca, el liderazgo de los funcionarios y jefes policiacos y sobre todo la inteligencia. El gobierno del presidente López Obrador le cedió el Centro de Investigación y Seguridad Nacional a su nueva área de seguridad y le dio el nombre de Centro Nacional de Inteligencia, pero antes lo hundió en el desprestigio y desnudó sus incompetencias con la apertura parcial de archivos.
La Estrategia Nacional de Seguridad Pública que debe aprobar en estos días el Senado incluye dos compromisos formales que se quedaron en el papel y a cuya inexistencia se le debe acreditar parte de la responsabilidad de las masacres:
–El Programa para la Seguridad Nacional “que desarrollará acciones conjuntas de inteligencia de carácter estratégico y de atención, prevención coordinación y seguimiento de riesgos y amenazas”.
–Y el establecimiento de un Sistema Nacional de Inteligencia que “genere productos estratégicos para sustentar la toma de decisiones en materia de seguridad nacional”.
Con un CNI inexistente en los hechos y sin el Programa para la Seguridad Nacional ni el Sistema Nacional de Inteligencia, la estrategia de seguridad pública se queda en la parte operativa de la Guardia Nacional como policía de disuasión, pero careciendo de un mapa de existencia, funcionamiento y alianzas de los grupos delincuenciales. Es decir, sin inteligencia la estrategia de seguridad funciona a ciegas en un cuarto oscuro.
El tercer compromiso de la ENSP entregada al Senado recupera uno de los vacíos en materia de seguridad que el gobierno de Peña Nieto quiso subsanar y que fue aplastado por la presión de Morena: la seguridad interior como el mantenimiento de la estabilidad en zonas del Estado que fueron ocupadas por el crimen organizado; es decir, no nada más los raterillos, sino las bandas que han ido suplantando paulatinamente al Estado en partes de la república.
La ENSP se comprometió a “fortalecer y mantener la seguridad interior del país y garantizar la defensa exterior de México, con la participación de las fuerzas armadas y la Guardia Nacional”. La seguridad interior no es la inseguridad pública, sino la existencia de grupos delincuenciales que están en disputa territorial e institucional con las fuerzas de seguridad por el control y vigencia del Estado, la soberanía y la estabilidad social para el bienestar.
Sin Programa de Seguridad Nacional, ni Sistema Nacional de Inteligencia, ni Ley de Seguridad Interior, la estrategia de seguridad quedó en mera policía para delitos menores. Las tres masacres de estos meses revelan que los grupos delincuenciales se aprovechan de la carencia de una fuerza institucional para detectarlos, arrinconarlos y derrotarlos.
En la ENSP que debe aprobar el Senado se incluye varias veces uno de los conceptos más importantes de las actuales doctrinas de seguridad referidas a la hegemonía del Estado frente al avance de los grupos delincuenciales que están penetrando y expulsando al Estado de zonas territoriales de la soberanía del Estado: la inteligencia estratégica. Se trata de una fase superior del espionaje y de una situación de especialización para indagar, mapear y detectar el funcionamiento de los grupos adversos al Estado, es la gestión del Estado para salvaguardar a la sociedad de grupos de poder, es la capacidad ofensiva del Estado para indagar a sus adversarios y neutralizarlos a veces sin el uso de la fuerza.
El mapa de riesgos del CISEN –el único existente– se quedó apenas en enumerar la lista de problemas de seguridad pública-interior-nacional. Le debe tocar al Programa para la Seguridad Nacional, al Sistema Nacional de Inteligencia y a la seguridad interior del gobierno actual profundizar en la identificación de grupos, predecir formas de operación y prever ataques.
Por tanto, las crisis de seguridad por las matanzas no son responsabilidad del pasado, sino compromiso incumplido del presente.
Política para dummies: La política es la capacidad para prever y actuar, no para culpar.
