Si las primeras denuncias mexicanas de que el crimen organizado estaba penetrando las estructuras sociales, políticas, de gobierno y de Estado aparecieron en abril-mayo de 1984, es la hora de un corte de caja y concluir que han pasado más de treinta años y el gobierno mexicano ha sido incapaz de reorganizar su estrategia de inteligencia, espionaje y seguridad nacional-interior-pública.
En el 2007 el presidente Calderón inició una gran ofensiva de seguridad contra el crimen organizado y utilizó a las fuerzas armadas por razones de seguridadinterior contenidas en la Constitución. Y a pesar de los resultados positivos en capturas, desmantelamiento de bandas, decomisos y recuperación de soberanía del Estado de zonas territoriales expropiadas por la delincuencia, el sistema institucional político y de gobierno le debe a las fuerzas armadas –ejército y marina– la reorganización del marco jurídico para otorgarle mayor seguridad a sus tareas emergentes.
Ahora existen dos temas en la agenda legislativa actual que no deberían desperdiciarse:
1.- Por primera vez, un subsecretario de Defensa Nacional y un subsecretario de Marina forman parte de la bancada del PRI en la nueva Cámara de Diputados. Por sus cargos, el general Virgilio Méndez Bazán y el almirante Carlos Federico Quinto Guillén deben participar de los equipos legislativos de redefinición de la estrategia de seguridad porque conocen de planes y programas y sobre todo saben de laausencia de un marco jurídico adecuado. Por tanto, los dos se perfilan comopiezas fundamentales de la agenda legislativa en materia de seguridad nacional, luego de que en las comisiones de defensa y marina han estado políticos sinexperiencia.
2.- Los pasivos legales del marco jurídico, anunciados como propuestas concretas en el corto plazo por el Programa para la Seguridad Nacional, son indispensablespara asegurar y proteger la participación militar y naval en la lucha contra el crimen organizado en la que han fallado policías e instituciones civiles. Lo urgente que debiera salir en la actual legislatura son las siguientes leyes: de seguridad nacional, de seguridad interior, de inteligencia, de espionaje y de seguridad pública integral y la doctrina de defensa nacional con carácter de ley.
La actual legislatura, en medio de casos concretos como Ayotzinapa, Tlatlaya y otros que se procesan sin marco jurídico, tiene la oportunidad histórica de aprovechar el clima social de reclamo a las autoridades de gobierno por lacreciente actividad del crimen organizado para construir una estructura legal que refuerce el escudo de seguridad nacional del Estado mexicano.
La presencia como diputados de los ex subsecretarios de Defensa y Marina –general Méndez Bazán y almirante Quinto Guillén, dos profesionales, estudiosos y expertos en el tema de la seguridad nacional– debería ser aprovechada por la bancada priísta para ejercer la iniciativa de seguridad ante la exigencia de la sociedad.
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