* Ineptitud e impunidad, son caras de la escandalosa corrupción y amplias redes de complicidad que pudren a México. Los gobiernos de todos los partidos son corresponsables. ¡Fue el Estado!
* En tales condiciones, a querer o no, indirectamente seguirán siendo asesinados periodistas por el Estado, que equivocadamente ve como enemigos a los periodistas y a los comunicadores.
“Al gobierno federal le vale madre el tema de los periodistas, no le importa, la libertad de expresión… no le interesa. Lo que te puedo decir ahora es que no hay condiciones para una vida digna en México, y si no hay estas condiciones, tampoco hay condiciones para ejercer el periodismo. Al gobierno no le importa este aspecto, no le importa aplicar la ley”:Javier Valdez
Por corrupción e impunidad, los peores males del Gobierno de la República, seguirán matando periodistas en México. Y seguirán muriendo porque simplemente no hay castigo para sus asesinos.
A esta y no otra dolorosa conclusión se ve uno obligado a llegar, después de conocer el informe especial de la organización Artículo 19 “Protocolo de la Impunidad en Delitos contra Periodistas”.
Aun cuando la criminología y la criminalística enseñan que no hay crimen perfecto, muchos delitos quedan sin solucionar, por la falta de recursos de la policía o la incapacidad de los investigadores.
Ineptitud e impunidad, son caras de la escandalosa corrupción y amplias redes de complicidad que pudren a México. Los gobiernos de todos los partidos son corresponsables. ¡Fue el Estado!
En tales condiciones, a querer o no, indirectamente seguirán siendo asesinados periodistas por el Estado, que equivocadamente ve como enemigos a los periodistas y a los comunicadores.
Algunas veces los ejecutores son, incluso, policías en activo o ex policías de los diversos órdenes de gobierno. Otras veces los asesinos son sicarios del crimen organizado y del narcotráfico.
Las más de las veces, los verdugos de los periodistas obedecen órdenes de la delincuencia organizada o bien, son cómplices de gobernantes, funcionarios, políticos y empresarios.
El nivel de impunidad en México, las graves violaciones a los derechos humanos y niveles de violencia se deben, en parte, a la “desdibujada frontera entre autoridades y grupos criminales”.
Ante ello “la libertad de expresión y el periodismo se han convertido en un frente de resistencia, atacado entre diversos fuegos, ya sea políticos, económicos, criminales o gubernamentales, por lo que las y los periodistas cada día ejercen su labor sin garantías y con un alto riesgo”.
El informe especial “Protocolo de la Impunidad en Delitos contra Periodistas” pone de manifiesto esta cruel, cruda y descarnada realidad que, lamentable y dolorosamente, seguirá presente.
De un total de 1 mil 140 investigaciones por ataques a la prensa y libertad de expresión, en ocho años sólo se han obtenido 10 sentencias condenatorias, menos del uno por ciento. ¡Increíble!
Lo anterior evidencia que en México “no hay justicia y las autoridades practican un protocolo de impunidad en las agresiones contra periodistas”, según el informe especial de la ONG Artículo 19.
De 186 delitos contra la libertad de expresión entre 2010 y 2018, cuyas víctimas fueron periodistas o medios, 99.13% quedaron impunes, y solo en 10 casos se obtuvieron sentencias condenatorias.
La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contras la Libertad de Expresión (Feadle), inició de 2010 a diciembre de 2018 1 mil 140 investigaciones pero sólo consignó 183 carpetas.
Al sistema penal inquisitivo 163y 23 en el nivel sistema acusatorio, que entró en vigor en 2016, es decir, sólo el 16.3 por ciento de las denuncias recibidas por la Feadle han sido judicializadas.
Los principales delitos cometidos contra los periodistas y comunicadores mexicanos son agresiones físicas; detenciones arbitrarias; hostigamiento; tortura; desaparición, y homicidio.
El informe analiza el contexto de agresiones; detenciones arbitrarias; hostigamiento y amenazas; fabricación de delito y proceso penal; tortura; desaparición, homicidio y ejecuciones en el país.
No falta razón a Artículo 19 al denunciar que el Estado mexicano incumple sus obligaciones de prevención y protección a la labor periodística, y en procuración e impartición de justicia.
Concluye que las investigaciones carecen de eficiencia, exhaustividad e imparcialidad; pero además las Fiscalías o Procuradurías desacreditar u omitir la labor periodística de la víctima.
Es más, se encargan en un primer momento de criminalizarla o estigmatizarla, y en ocasiones, filtrar información contenida en los expedientes de manera tendenciosa y revictimizante.
El ejercicio “arbitrario y poco claro de la facultad de atracción” de la FEADLE solo ha atraído 57 casos de mayo de 2013 a diciembre de 2018, con 7.7% de las 735 investigaciones iniciadas federalmente.
El informe de Artículo 19 apunta recomendaciones a las autoridades como la FEADLE, fiscalías y procuradurías estatales, a comisiones de derechos humanos y los distintos poderes y órdenes de gobierno.
A las autoridades encargadas de la procuración de justicia pide “se abstengan de estigmatizar y descalificar a las víctimas de delito y violaciones a derechos humanos así como no omitir su labor periodística”, pues “la línea de investigación relacionada con el periodismo debe ser prioritaria”.
A las autoridades ministeriales federales y estatales piden “observar y cumplir con lo establecido en el Protocolo Homologado para la Investigación de Delitos contra la Libertad de Expresión”, así como atender los estándares nacionales e internacionales en materia de libertad de expresión.
A la Fiscalía General de la República (FGR) solicita capacitar a su personal en materia de derechos humanos, en técnicas de investigación, relación y trato con víctimas, y aplicar una perspectiva psicosocial.
Urgen a todas las autoridades a cumplir sus obligaciones en materia de libertad de expresión, prevención y protección al ejercicio periodístico, y abatir la impunidad que impera en este tipo de delitos”, para que “las y los periodistas desempeñen su labor con plena libertad y seguridad”.
La ineficacia e ineficiencia, traducida en ineptitud de las autoridades federales y estatales provoca que el índice de impunidad en las agresiones contra la prensa se mantenga en un 99.13%.
En los tres primeros meses de lo que va del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) 3 periodistas han sido asesinados, en relación con su trabajo, según la asociación civil.
Artículo 19 pide a la Fiscalía General de la República (FGR) realizar los cambios necesarios para la atención de estos delitos mediante la creación de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos.
La organización defensora de la libertad de expresión y prensa exige a las autoridades cumplir con el Protocolo Homologado para la Investigación de Delitos contra la Libertad de Expresión.
alfredo_daguilar@hotmail.com
director@revista-mujeres.com
@efektoaguila
