Sedena aclara denuncias de Loret de Mola: es información tergiversada: Carlos Ramírez

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Como ha ocurrido en los últimos años, la Secretaría de la Defensa Nacional ya no deja pasar acusaciones periodísticas. Ahora responde a la investigación de Latinus, encabezada por el periodista Carlos Loret de Mola quien denunció irregularidades en 43 contratos de obra del aeropuerto Gral. Felipe Angeles de un universo revisado de 966 adjudicaciones, es decir, apenas el 4.4%.

La respuesta oficial de la Sedena es muy puntual:

“El sitio de noticias Latinus.us, se ha dedicado desde su creación el 5 diciembre de 2019 a desprestigiar las actividades de la presente administración, así como a la participación de la Sedena en la construcción del AIFA y demás obras públicas en beneficio de las y los mexicanos; acumulando un total de 125 publicaciones donde mencionan temas relacionados con la construcción del AIFA, de las cuales al menos el 71 % (cursivas en el original) contiene información dolosa, falsa y negativa en contra de esta magna obra”.

El texto se queja de la intención de dañar a veces sin siquiera presentar datos:

“Asimismo, han publicado 6 videos en contra del proyecto, donde se aprecia la edición de material especial con el objeto de desacreditar el AIFA, siendo evidente que existe un elevado financiamiento para la edición de este tipo de contenido para desprestigiar y poner de entre dicho uno de los proyectos insignia de la presente administración.

“Como ejemplo de lo anterior el citado sitio de noticias publicó la cápsula: documental “La Nueva Normalidad”: @brozo xmiswebs en el palacio de @Carlos Loret; donde en propia voz del C. Carlos Loret de Mola dice lo siguiente: ‘…ya empiezan a pedir moches, por las obras, y los están pidiendo los encargados, los verdes…’, refiriéndose al personal militar, sin haber nunca presentado las pruebas que fundamenten lo grave de sus acusaciones.”

Respecto al reportaje que denuncia irregularidades en contratos, la Sedena desmenuza y explica con documentos seis acusaciones y enlista las dieciocho exigencias de documentación legal que exigen a sus proveedores, además de someterlas a revisión fiscal y sobre todo a indagatorias de la Auditoría Superior de la Federación y la Controlaría interna. Y hasta ahora, ninguna instancia legal ha encontrado irregularidades que interpreta el reportaje de Loret:

1.- Una empresa de arrendamiento de maquinaria y vehículos también tiene la tarea legal de alquiler de juegos inflables.

2.- Todas las empresas contratadas han acreditado documentación legal del SAT, del registro de contribuyentes y lista de factureras. No hubo, pues, empresas fantasmas.

3.- Todas las empresas contratadas tienen diversas oficinas y han acreditado al contratante las áreas de insumos y bodegas. Cada contrato buscó mejores precios y documentos legales.

4.- Algunas empresas contratadas tienen procedimientos de indagación en otras entidades, pero sin tener sentencias o sanciones. Toda empresa es inocente hasta demostrar lo contrario porque “se violentarían sus derechos humanos”.

5.- Otras empresas declararon tener oficinas donde no existen, pero la respuesta oficial señaló que corresponde al SAT indagar cambios de domicilios.

6.- Y sobre empresas que participaron en el aeropuerto de Texcoco, la respuesta oficial fue sencilla: no hay investigaciones de irregularidades. Y de paso, la Sedena aclaró que hacia el interior del aeropuerto Gral. Felipe Angeles no existe sindicato alguno, pues Loret había denunciado la existente de “Sindicatos Unidos para la Transformación” que supuestamente controlaba trabajadores.

En sus conclusiones, la refutación de Sedena deja en claro que el reportaje de Loret tergiversó datos y manipuló indicios, sin procesarlos por los filtros que utilizan las instancias de revisión de irregularidades. En este sentido, la dependencia reveló que la Auditoría Superior de la Federación realizó seis auditorías en 2020 y once en 2021, la Secretaría de la Función Pública hizo tres visitas de supervisión en 2020 y tres en 2021. Y del Organo Interno de Control de las Sedena realizó una intervención en 2020 y una en el 2021.

Por tanto, señala la Sedena, “la construcción del aeropuerto no cuenta con antecedentes de corrupción o registros de malversación”.

 

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