Obrando en la total impunidad que les da el Subsecretario de Gobernación Luis Enrique Miranda Nava y con el apoyo del gobierno estatal, la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), va por la liberación de 112 “presos políticos”, entre ellos los cinco presuntos secuestradores de dos menores sobrinos del presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Gerardo Gutiérrez Candiani.
Para ello, el próximo martes 10 de marzo, la Comisión Política de la Sección 22 de la CNTE, tiene agendada en la ciudad de México, una reunión con el Comisionado de Seguridad Pública Nacional y con funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR), para discutir “la liberación inmediata y sin condiciones de 112 presos políticos”.
En la larga lista de los llamados “presos políticos”, en su mayoría maestros de la CNTE de los estados de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Chiapas, Veracruz y del Estado de México, incluyendo a los últimos detenidos por actos vandálicos en diversas manifestaciones en el estado de Guerrero y Distrito Federal.
También destacan a quienes la CNTE considera “dirigentes o luchadores sociales” de diversas entidades del país, que enfrentan una serie de delitos del orden federal y común.
Previamente, el pasado 5 y 6 de marzo, los familiares, abogados y la Comisión Única de Negociación de la Sección 22, visitaron a los cinco presos acusados de secuestro de dos menores de edad, recluidos desde hace dos años en los penales de Nayarit y Guadalajara, para constatar su situación física, psicológica y el estado que guardan los procesos penales que enfrentan.
Los procesados, Lauro Atilano Grijalva Villalobos, Mario Olvera Osorio, Sara Altamirano Ramos, Damián Gallardo Martínez y Leonel Manzano Sosa, enfrentan procesos penales por delincuencia organizada, privación ilegal de la libertad, en su modalidad de secuestro, disparo y portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, lesiones y daños en propiedad ajena, entre otros.
Según los órganos de inteligencia del Gobierno federal, los cinco presuntos secuestradores forman parte de una célula guerrillera que en su tiempo escindió del Ejército Popular Revolucionario, (EPR), además de que hay evidencias de sus relaciones con otros secuestros en la entidad oaxaqueña perpetrados por algunos familiares políticos de los detenidos.
AGENCIA JM
