Hace dos años y medio, el Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, convocó al Procurador General, Alejandro Ordóñez (Bucaramanga, 1955), a su residencia. Al final de la reunión, le comunicó que se iba a iniciar un proceso de paz con la guerrilla de las FARC.
¿Qué opina?, recuerda que le preguntó Santos.
“Presidente, seré escéptico, pero no hostil al proceso”, le respondió Ordóñez, el encargado de sancionar disciplinariamente a los funcionarios del país. Es uno de los altos cargos más influyentes en las decisiones políticas y jurídicas del país. Abiertamente conservador, pese a que prometió no ser hostil, desde que se inició el proceso de paz se ha convertido junto al ex Presidente Álvaro Uribe en uno de los azotes de Santos.
¿En qué momento se encuentra el proceso de paz?
Es indudable de que está en crisis, pero no se puede matar, hay que rescatarlo. Está en crisis porque la sociedad colombiana es escéptica con el proceso.
Las FARC han seguido reclutando niños, sembrando minas. El acuerdo alcanzado no debía haber sido solo para desminar, sino para dejar de minar. Es una de las ingenuidades del Gobierno.
La sociedad también es escéptica porque el proceso de paz ha servido para dividir al país. Tanto por el Gobierno como por los que no están de acuerdo. El Gobierno ha sido incapaz de generar consensos. Y no puede caer en el error del cese bilateral del fuego hasta que no se firme y hasta que las FARC no se comprometan a desmovilizarse y a entregar totalmente las armas. Si no, puede ser otro ingrediente de desconfianza. Y este sí, mortal para el proceso.
¿Cómo se retoma el rumbo?
La única forma de salvar esta crisis, de sacar el proceso de cuidados intensivos es un pacto para la paz que vincule no solamente a los sectores próximos al proceso, también a los críticos, en torno a unos mínimos.
Dice que el Gobierno ha sido incapaz de generar consenso. ¿Qué le parece la posición beligerante del uribismo?
No estoy de acuerdo con que hay que identificar a los críticos con el uribismo. Hay sectores sociales, económicos, académicos que no tienen relación política con ese sector. Los sectores críticos estarían dispuestos a llegar a consensos en torno al proceso de paz, pero el Gobierno tiene que estar dispuesto a escuchar, a corregir errores.
¿Qué límites cree que no se deben pasar en la mesa de negociaciones de La Habana?
Hay unos límites jurídicos que son necesarios para blindar el proceso y que sea sostenible. De no lograrlo, traería inseguridad jurídica para los beneficiarios. Quienes más deberían estar interesados en ello son las FARC. Si no, a medio plazo, los Gobiernos futuros podrían inaplicarlo. La mesa de La Habana no es soberana. Hay compromisos internacionales, hay límites internos. No estamos pidiendo que sean los 60 años del Código Penal, pero tampoco que no haya cárcel.
Usted ha hablado en alguna ocasión de penas alternativas. ¿A qué se refiere?
Uno comprende que los señores de las FARC tengan temores de estar en las cárceles colombianas, de que los maten ahí, de que los extraditen. ¿Qué dice la Procuraduría? Bueno, pues que paguen esas condenas en el extranjero. Pero que paguen cárcel, penas privativas de la libertad. Y que quien ejerza la inspección sobre esos temas sea la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.
Muchos creen que la justicia puede ser un obstáculo para la paz, a ellos les digo que la paz es fruto de la justicia y una justicia sin esas mínimas penas de cárcel es el combustible para mayor violencia.
¿Cómo valora la salida del Ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón?
Él fue un muy buen Ministro, difícil encontrar uno con sus atributos. Era otro soldado, otro militar, entendía muy bien los problemas de las fuerzas militares, su padre era militar y su suegro también. Lamento su partida, él fue mi compañero de ruta en muchas cosas de esta travesía en materia de paz. En la mayoría de sus decisiones estuve de acuerdo.
Al nuevo Ministro (Luis Carlos Villegas) le deseo muchos éxitos y espero que continúe en la misma línea del Ministro Pinzón. A los militares no se les puede amarrar y deben dar los golpes que han dado estos días, eso es lo más benéfico para el proceso de paz.
Se ha mostrado en contra de la erradicación de las fumigaciones con glifosato. ¿Va continuar con la idea de que el Consejo de Estado revoque esa decisión?
Por supuesto, esa decisión es ilegal porque dicen que están cumpliendo con auto de la Corte Constitucional, pero no es así. Engañaron al país, ni se está cumpliendo la ley ni es algo científico. Con esto lo que está pasando es que el Gobierno le está beneficiando a las FARC y la beneficiaria de esto son las FARC porque ellos son los que van a recibir millones de dólares con esta decisión
América Latina, el mundo en general, ha realizado avances sociales sobre el matrimonio homosexual, el aborto y la eutanasia. ¿Por qué Colombia no ha avanzado en estos asuntos?
Me han criticado por mi posición sobre la vida, el matrimonio, el consumo de drogas, pero ninguna de esas posiciones han sido basadas en algo diferente al ordenamiento jurídico de Colombia. La Constitución habla de matrimonio entendido como la unión entre un hombre y una mujer, también habla de la vida desde la concepción. La Procuraduría, cuando ha actuado en estos sentidos, solo quiere defender las normas legales y las normas constitucionales.
En el caso de la eutanasia el Ministerio erró al reglamentar una decisión judicial. Eso lo debe hacer el Congreso, no un Ministro. También me opongo a que se prohíba la objeción de conciencia a personas que defienden la vida. En materia de aborto ellos tienen derecho a recurrir a ese recurso. La Corte admitió el aborto en tres casos pero ir más allá es desbordar el ordenamiento jurídico. Y yo represento a la sociedad y por eso me puedo pronunciar, no nos olvidemos que la mayoría de los colombianos defienden la vida y el matrimonio entre hombres y mujeres, así como la vida desde concepción natural y muerte natural.
www.reforma.com
