Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) en Oaxaca se sumaron al paro nacional de labores en rechazo a las nuevas evaluaciones de desempeño que pretende implementar el Órgano de Administración Judicial (OAJ), al considerar que estas medidas ponen en riesgo su estabilidad y trayectoria laboral.
Desde temprana hora de este viernes, personal de las sedes judiciales ubicadas en San Bartolo Coyotepec realizó la toma de instalaciones como parte de las acciones de protesta.
La movilización también se extendió a los juzgados y tribunales del Décimo Tercer Circuito, ubicados en el Paseo Juárez El Llano, en la capital oaxaqueña, donde los trabajadores se manifestaron contra los mecanismos de evaluación derivados de la reforma judicial.
Los inconformes consideran que los nuevos procedimientos podrían afectar sus derechos laborales y generar incertidumbre sobre la permanencia y desarrollo profesional del personal que integra el Poder Judicial.
A nivel nacional, la protesta se desarrolla en al menos 17 entidades y 22 sedes judiciales, entre ellas Ciudad de México, Morelos, Puebla, Veracruz, Nuevo León, Guanajuato, Chiapas, Michoacán, Tabasco, Tamaulipas y Oaxaca. La movilización involucra a miles de trabajadores, principalmente secretarios proyectistas, actuarios y oficiales judiciales.
La inconformidad surgió luego de que el 5 de noviembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo del Órgano de Administración Judicial que establece el proceso de evaluación del desempeño del personal de carrera judicial.
Uno de los principales cuestionamientos de los trabajadores es que el examen de conocimientos representa el 40 por ciento de la calificación, mientras que el 60 por ciento restante contempla valoraciones de superiores jerárquicos, compañeros y otros indicadores de productividad y desempeño.
Los inconformes exigen que se deje sin efectos el acuerdo y se establezca un mecanismo de evaluación con criterios objetivos, que contemple la experiencia, antigüedad y preparación profesional, sin poner en riesgo sus empleos.
Por su parte, el Órgano de Administración Judicial sostiene que la primera etapa de evaluación tendrá carácter diagnóstico, con el propósito de identificar fortalezas y áreas de oportunidad para impulsar la capacitación del personal.
