El Congreso de Nebraska marcó el miércoles un hito en Estados Unidos: se convirtió en el decimonoveno estado en derogar la pena de muerte, pese a ser una de las entidades más religiosas, conservadoras y con mayor afinidad al Partido Republicano, de acuerdo con el Pew Research Center.
El Gobernador Pete Ricketts incluso vetó la derogación, aunque esta fue revertida por el Senado estatal.
“Lo que pasó en Nebraska es en gran medida un reflejo de lo que pasa en el resto de Estados Unidos. El apoyo a la pena de muerte está en su nivel más bajo de los últimos 40 años”, señaló a REFORMA Robert Dunham, director del Death Penalty Information Center en Washington D.C.
El cambio legislativo no absolvería de forma retroactiva a los condenados a pena de muerte, pero removería el respaldo legal al Estado para aplicar la inyección letal, el único medio para implementar los castigos.
Con ello, 10 reos podrán salvarse de la inyección letal.
Uno de ellos es Jorge Galindo, uno de los 60 mexicanos sentenciados a muerte en Estados Unidos, sentenciado a la pena capital desde hace casi 11 años.
Galindo fue condenado en 2002 por la muerte de cinco personas durante un asalto bancario.
La Cancillería mexicana, que ha dado un seguimiento cercano al caso desde hace años, aplaudió la decisión de la Legislatura y continuará con las labores de protección en favor del connacional.
“Él estaba animado y ya planea la estrategia a seguir con su abogado”, dijo ayer a REFORMA Euclides del Moral, director general adjunto de protección a mexicanos en el exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
“Para el Gobierno de México es alentadora esta noticia y va en consonancia con una tendencia en Estados Unidos en pro de la abolición”, añadió Del Moral.
La condena del connacional no sería revocada, a menos de que reciba un indulto del Gobernador Ricketts, uno de los mayores defensores de la pena capital.
Ante la posibilidad de evitar la ejecución, los familiares de las víctimas del robo, en cambio, ya repudiaron la decisión.
“No estaban ahí sólo para robar, fueron a matar; era parte de su plan. No deberían estar vivos”, lamentó Vivian Tuttle, madre de una de las personas asesinadas.
Las organizaciones de latinos en el Estado también celebraron la decisión y esperan que esto marque un nuevo rumbo en Nebraska.
“Significa una gran victoria para nosotros. Nebraska está resucitando hacia un destino diferente”, declaró ayer Sergio Sosa, director ejecutivo del Centro Laboral Heartland, uno de los grupos más activos en el debate.
El anuncio llegó en un contexto en que la aplicación de justicia y los abusos policiacos contra las minorías raciales han cimbrado al país.
“Creo que hay un sesgo racial. De acuerdo con el último censo, 90 por ciento de la población del Estado es blanca. No obstante, 7 de los 10 hombres condenados a muerte pertenecen a minorías raciales”, señaló Amy Miller, directora legal de la American Civil Liberties Union de Nebraska.
La abolición de la pena de muerte en Nebraska podría producir un efecto dominó en otras entidades de Estados Unidos, incluso las de corte conservador.
“La pena de muerte ha perdido apoyo, en parte porque muchos creen que la Justicia falla en otros procesos y es posible que se ejecute a gente inocente.
“Los datos muestran que en 85 por ciento de los condados en EU no se utiliza la pena capital y que los que sí lo aplican parecen hacerlo de forma arbitraria y discrecional”, concluyó Dunham.
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